La violencia familiar, una sombra que acecha los hogares chiapanecos, se alza como el delito más recurrente en el estado. Ante esta alarmante realidad, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, en su reciente visita a los centros LIBRE de Chiapa de Corzo, ha reafirmado el compromiso inquebrantable del gobierno con la protección de las mujeres y los menores de edad, los más vulnerables ante este flagelo. Una nueva herramienta digital se está gestando para combatir esta problemática: una plataforma de denuncia que empoderará a las mujeres, brindándoles un acceso más seguro y accesible a la justicia. Esta iniciativa se presenta como una respuesta crucial ante la desgarradora estadística que revela que más del 90% de los delitos contra las mujeres permanecen en la sombra, silenciados por el miedo y la desesperanza. La plataforma no solo facilitará la denuncia, sino que también ofrecerá asesoría experta, un faro de luz en medio de la oscuridad, guiando a las víctimas hacia la seguridad y la justicia que merecen.

En Chiapas, el feminicidio no queda impune. La ley, con mano firme, dictamina hasta 100 años de prisión para quienes osen arrebatar la vida de una mujer. Esta severa pena no solo busca castigar a los culpables, sino también erigirse como un poderoso disuasivo, un mensaje contundente de que la violencia contra las mujeres no será tolerada. Los centros LIBRE, parte integral del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), se consolidan como refugios de esperanza, espacios donde las mujeres pueden encontrar apoyo, sanación y empoderamiento para reconstruir sus vidas.

La niñez chiapaneca también encuentra un escudo protector en las políticas estatales. Con una política de tolerancia cero hacia los delitos que atentan contra su bienestar, el gobierno, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, ha impulsado un decálogo en favor de la infancia, que incluye modificaciones sustanciales al Código Penal. La Fiscalía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes, creada recientemente, se erige como una instancia clave para atender con prioridad y sensibilidad los casos que involucran a menores, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus derechos protegidos.

Si bien se respeta la riqueza cultural y las tradiciones de los pueblos indígenas, el fiscal Llaven Abarca ha sido enfático al afirmar que los usos y costumbres no pueden eclipsar los derechos humanos fundamentales. Estudios e investigaciones han revelado que, en algunas comunidades regidas por sistemas normativos internos, la resolución de conflictos domésticos a través de acuerdos comunitarios puede, en ocasiones, invisibilizar a las víctimas y limitar su acceso a la justicia formal. No se trata de condenar las tradiciones ancestrales, sino de asegurar que estas no se conviertan en barreras para la protección de quienes más lo necesitan.

La pobreza y la desigualdad, combinadas con la falta de articulación entre los marcos normativos comunitarios y el sistema de justicia estatal, pueden crear un terreno fértil para la impunidad. Es crucial tender puentes entre ambos sistemas, garantizando que las víctimas, sin importar su origen o contexto, tengan acceso a la justicia y a la protección que merecen. El enfoque humanista de la procuración de justicia en Chiapas se centra en fortalecer el acceso a la misma, brindando una atención integral a las víctimas, imponiendo sanciones ejemplares a los agresores y promoviendo siempre el respeto irrestricto a los derechos humanos. En este camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, la participación de todos es fundamental.