La creación de la Comisión para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, ha desatado una oleada de discusiones y análisis que prometen intensificarse en las próximas semanas. Y no es para menos. Estamos hablando de la arquitectura misma de nuestra democracia, de los cimientos sobre los que se construye la representación popular y la participación ciudadana. Como en toda gran transformación de la vida nacional, el debate jurídico es fundamental. No se trata solo de cambiar leyes, sino de adaptarlas a las nuevas realidades y exigencias de la sociedad.

Recordemos los pilares de la transformación que estamos viviendo: la reducción del costo del aparato político, la expansión del voto universal y directo – ahora llegando a sindicatos y al Poder Judicial –, y el fortalecimiento de la democracia directa a través de las consultas populares, la revocación de mandato y la implementación de programas sociales con participación ciudadana. Estos elementos nos marcan la ruta a seguir en materia electoral.

La propuesta de eliminar la lista plurinominal del Senado y reducir el número de diputados plurinominales en la Cámara Baja es un paso lógico en esta dirección. Nuestro Senado, con 128 escaños, es el más numeroso de América, superando a países con poblaciones significativamente mayores como Estados Unidos, Brasil o Canadá. Recordemos que el Senado representa a las entidades federativas. Eliminar la lista plurinominal y conservar la figura del senador de primera minoría fortalecería esta representación, haciéndola más genuina y cercana a las necesidades de cada estado.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la reducción de 500 a 400 curules, eliminando 100 diputaciones plurinominales, se presenta como una medida viable y necesaria. No se trata de eliminar la representación proporcional, un elemento clave para la pluralidad política, sino de repensar su mecanismo. La figura del “pluri” genera rechazo ciudadano precisamente porque estos legisladores llegan al Congreso sin un vínculo directo con el electorado, sin haber recorrido las calles, escuchado las demandas de la gente, sin haber hecho, en definitiva, una campaña electoral. En muchos casos, su designación depende exclusivamente de las cúpulas partidistas.

La alternativa que se propone es un sistema de prelación. Es decir, cada partido obtendría un número de escaños proporcional a su votación, pero en lugar de asignarlos a partir de una lista predefinida, se otorgarían a los candidatos que, no habiendo ganado en sus distritos, hayan obtenido las mayores votaciones. De esta manera, se mantendría la representación proporcional, pero se privilegiaría el contacto directo con la ciudadanía y el trabajo territorial de los candidatos.

Imaginemos una Cámara de Diputados con 400 integrantes: 300 electos directamente por la voluntad popular en sus distritos y 100 provenientes del sistema de prelación, representando la fuerza electoral de cada partido a nivel nacional. Esta composición no solo fortalecería la representatividad, sino que también fomentaría la competencia entre los candidatos, incentivando el trabajo de base y la cercanía con la gente.

Finalmente, se propone una reducción del 50% en el financiamiento público a los partidos políticos. Esta medida, combinada con las anteriores, contribuiría a disminuir el costo económico de la política, una demanda histórica de la ciudadanía.

En resumen, estas propuestas buscan incrementar el control ciudadano sobre sus representantes y reducir el costo económico del poder político, dos reclamos fundamentales para fortalecer la democracia mexicana y construir un sistema más justo, representativo y eficiente. El debate está abierto, y es crucial que la sociedad participe activamente en la construcción de un futuro político que refleje sus necesidades y aspiraciones.