La mendicidad infantil, una lacra que se extiende por nuestras calles, no es simplemente una cuestión de pobreza, sino una grave violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es, en palabras del juez José Alfredo Sotelo Llamas, del Poder Judicial de la Ciudad de México, una forma de corrupción de menores, tan condenable como cualquier abuso de índole sexual. Esta afirmación, contundente y necesaria, nos obliga a mirar más allá de la imagen superficial de un niño pidiendo limosna y comprender la compleja red de explotación que se esconde detrás.

El Código Penal de la Ciudad de México es claro al respecto: la corrupción de menores no se limita a los actos de naturaleza sexual. Incluir a un menor en la mendicidad, incitarlo a la ebriedad, involucrarlo en la prostitución o explotarlo laboralmente son formas igualmente reprobables de corrupción que truncan su desarrollo y les roban su futuro. El juez Sotelo Llamas enfatiza la importancia de proteger a los menores, especialmente a aquellos con discapacidades mentales o intelectuales, que son aún más vulnerables a estas prácticas abusivas. Su incapacidad para comprender plenamente la situación los convierte en presas fáciles para quienes buscan lucrar con su vulnerabilidad.

Imaginemos por un momento la vida de un niño obligado a mendigar. En lugar de ir a la escuela, de jugar con sus amigos, de disfrutar de la inocencia propia de su edad, se ve forzado a pasar horas en la calle, expuesto a las inclemencias del tiempo, a la indiferencia de la gente, e incluso a situaciones de peligro. Se le roba su infancia, se le niega la oportunidad de aprender y crecer en un ambiente seguro y estimulante. ¿Qué futuro le espera a un niño que crece en estas circunstancias?

La ley, afortunadamente, contempla penas severas para quienes cometen este delito. Hasta nueve años de prisión pueden enfrentar quienes obligan a un menor a mendigar. Sin embargo, la sanción penal no es suficiente. Es fundamental que como sociedad tomemos conciencia de la gravedad de este problema y actuemos en consecuencia. Debemos denunciar cualquier caso de mendicidad infantil que presenciemos, y apoyar a las organizaciones que trabajan para erradicar esta práctica.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. Cada niño que mendiga en nuestras calles es una víctima, un grito silencioso que nos interpela como sociedad. Es nuestra responsabilidad protegerlos, garantizar su bienestar y brindarles la oportunidad de un futuro digno. La lucha contra la mendicidad infantil es una lucha por la justicia, por la igualdad y por el futuro de nuestros niños. Es una lucha que debemos librar juntos, con determinación y con la convicción de que un mundo sin mendicidad infantil es posible.

Además, es crucial entender que la exposición a contenido sexual, aunque no implique un contacto físico directo, también se considera una forma de corrupción de menores. Mostrarles libros, escritos, grabaciones, filmes o fotografías de carácter sexual puede tener consecuencias devastadoras en su desarrollo psicoemocional. Estos materiales pueden distorsionar su percepción de la sexualidad, generarles confusión y angustia, e incluso convertirlos en víctimas de futuros abusos. Las penas para quienes cometen este tipo de delito también son significativas, llegando hasta los cinco años de prisión.

La legislación, al proteger a los menores de estas prácticas, busca garantizar su desarrollo integral. Se trata de asegurar que puedan crecer en un ambiente sano, libre de violencia y explotación, donde se respeten sus derechos y se les brinde la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. El juez Sotelo Llamas lo resume de manera precisa: se trata de evitar que el desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes se vea truncado o afectado por la influencia negativa de adultos que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad. Este es un compromiso que debemos asumir como sociedad, para construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.