La Ciudad de México se encuentra en un punto de inflexión en su lucha contra la apropiación indebida del espacio público. La reciente reforma a la Ley de Justicia Cívica, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha generado un intenso debate público. Mientras algunos aplauden la medida como un paso necesario para recuperar las calles y garantizar la seguridad de los ciudadanos, otros expresan su preocupación por el impacto que esta pueda tener en la población vulnerable que se dedica a esta actividad. La clave, según la propia Brugada, no reside en la sanción en sí misma, sino en la oportunidad de cambio que se ofrece a través de programas de reinserción laboral.

El fenómeno de los "viene-viene" o "franeleros", arraigado en la cultura urbana de la capital, se ha convertido en un problema complejo que trasciende la simple gestión del estacionamiento. Detrás de la figura del franelero, a menudo se esconden historias de necesidad y falta de oportunidades. Personas que, ante la ausencia de alternativas, recurren a esta práctica informal para obtener ingresos. La nueva legislación busca abordar el problema desde la raíz, ofreciendo a estas personas una salida digna a través de la capacitación y el acceso a un empleo formal.

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) jugará un papel crucial en este proceso. Se encargará de brindar orientación y apoyo a aquellos que deseen dejar atrás la informalidad y emprender un nuevo camino. La oferta de programas de capacitación y la vinculación con empresas socialmente responsables serán herramientas clave para lograr este objetivo. El reto, sin embargo, no es menor. Se requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad, el gobierno y el sector privado para garantizar la efectividad de estos programas y romper el ciclo de la informalidad.

La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la administración de Claudia Sheinbaum que busca atender las causas de la violencia y la delincuencia. Se apuesta por la prevención y la reinserción social como pilares fundamentales para construir una ciudad más segura y justa. La concientización ciudadana también juega un papel fundamental en este proceso. Se busca fomentar el respeto al espacio público como un bien común, esencial para la convivencia pacífica y el desarrollo armónico de la ciudad.

Más allá de las sanciones, la reforma a la Ley de Justicia Cívica representa una oportunidad para repensar la forma en que abordamos la informalidad y la desigualdad en nuestra ciudad. Se trata de un llamado a la solidaridad y a la construcción de un futuro donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de vivir con dignidad y acceder a oportunidades de desarrollo. El éxito de esta iniciativa dependerá, en gran medida, de la capacidad de las autoridades para articular una respuesta integral que combine la firmeza en la aplicación de la ley con la sensibilidad social y la voluntad de generar un cambio real en la vida de las personas. El tiempo dirá si esta reforma logra su cometido y se convierte en un verdadero parteaguas en la lucha por una ciudad más justa y equitativa. El debate está abierto y la participación ciudadana será fundamental para encontrar soluciones sostenibles a largo plazo.