La imagen de una madre transportando a sus cuatro hijos en una motoneta por la ciclovía de Tlalpan ha desatado una oleada de reacciones y reavivado el debate sobre la movilidad en la Ciudad de México. Más allá de la innegable imprudencia y la violación al Reglamento de Tránsito, esta escena nos obliga a mirar más allá de la simple sanción y a preguntarnos sobre las circunstancias que llevan a una familia a tomar decisiones tan arriesgadas. ¿Es acaso la falta de conciencia vial el único factor en juego? O, por el contrario, ¿se esconde detrás una realidad mucho más compleja, marcada por la precariedad y la falta de acceso a un transporte público digno?

Imaginemos por un momento la vida de esta mujer. Tal vez trabaja largas jornadas para sostener a su familia y no puede costear el transporte público para todos sus hijos. Quizás el sistema de transporte, a pesar del subsidio, sigue siendo inaccesible para familias numerosas con bajos ingresos. O quizá las rutas disponibles no cubren sus necesidades de desplazamiento, obligándola a recorrer largas distancias a pie o en medios de transporte improvisados. En cualquier caso, la imagen nos confronta con la cruda realidad de miles de familias que día a día se enfrentan a la disyuntiva entre la seguridad y la necesidad de llegar a sus destinos.

La discusión sobre la regulación de motocicletas y vehículos no motorizados es, sin duda, necesaria. Pero no podemos limitarnos a la imposición de multas y sanciones. Es imperativo abordar el problema desde una perspectiva integral que considere las causas subyacentes a estas infracciones. ¿De qué sirve sancionar a una madre que, probablemente, ya se encuentra en una situación vulnerable? ¿No sería más efectivo invertir en la mejora del transporte público, haciéndolo más accesible, seguro y eficiente para todos?

Un sistema de transporte público digno no solo implica una mayor cobertura y frecuencias, sino también la adecuación de las unidades a las necesidades de las familias. Hablamos de espacios para carriolas, accesibilidad para personas con discapacidad y tarifas justas que no representen una carga económica insoportable. Invertir en transporte público es invertir en el bienestar de la ciudadanía, en la reducción de la desigualdad y en la construcción de una ciudad más justa y equitativa.

La indignación que sentimos al ver a esos niños expuestos al peligro debe transformarse en un llamado a la acción. No podemos conformarnos con señalar con el dedo y exigir sanciones. Es momento de exigir soluciones de fondo, de impulsar políticas públicas que garanticen el derecho a la movilidad segura para todos, sin importar su condición socioeconómica. La seguridad vial no puede ser un privilegio, sino un derecho fundamental que debemos garantizar a todos los ciudadanos. De lo contrario, seguiremos viendo escenas como la de Tlalpan, repitiéndose una y otra vez, como un síntoma de una sociedad que ha fallado en su deber de proteger a los más vulnerables. La pregunta no es si se deben regular las motocicletas, sino cómo construimos una ciudad donde nadie tenga que arriesgar la vida de sus hijos para desplazarse.