Un velo de incertidumbre se cierne sobre la esfera política coahuilense tras la reciente revocación de visas del comandante regional de la Policía Estatal, Jorge Miguel Barajas Hernández, y su esposa, la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez. Ambos, figuras prominentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, se vieron impedidos de ingresar a territorio estadounidense el pasado 20 de agosto a través del puente internacional de Piedras Negras, según reportes de medios texanos. Este hecho ha generado una ola de especulaciones y cuestionamientos, especialmente considerando el avanzado estado de gestación de Villarreal Pérez, quien se encontraría con aproximadamente ocho meses de embarazo.

La noticia, que ha corrido como la pólvora en ambos lados de la frontera, ha puesto bajo el escrutinio público la situación migratoria de los funcionarios y las posibles razones detrás de la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Si bien ni Barajas Hernández ni Villarreal Pérez han emitido declaraciones oficiales al respecto, la coincidencia del embarazo con las políticas migratorias implementadas por la administración Trump, en particular las restricciones al “turismo de parto”, ha alimentado las conjeturas. Recordemos que, desde abril pasado, el gobierno estadounidense ha intensificado sus esfuerzos para evitar que mujeres extranjeras den a luz en su territorio con el fin de obtener la ciudadanía para sus hijos.

Este escenario plantea interrogantes cruciales. ¿Fue el embarazo de la subsecretaria el detonante de la revocación de las visas? ¿Existen otros factores, quizás desconocidos para el público, que influyeron en la decisión de la CBP? La falta de información oficial por parte de las autoridades involucradas y de los propios funcionarios deja un amplio margen para la especulación y la incertidumbre.

La trayectoria de ambos funcionarios también agrega capas de complejidad al caso. Villarreal Pérez, quien fungió como Secretaria de Seguridad Pública de Coahuila en la administración anterior y como alcaldesa de Piedras Negras, cuenta con una larga carrera en el servicio público. Por su parte, Barajas Hernández, conocido como “El Hummer”, formó parte del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES), un cuerpo policiaco con un historial controvertido, acusado en diversas ocasiones de violaciones a los derechos humanos. ¿Podrían estos antecedentes haber jugado un papel en la decisión de las autoridades estadounidenses?

Mientras tanto, la opinión pública se divide entre quienes consideran la revocación de las visas como una medida justificada y quienes la ven como un acto arbitrario. La falta de transparencia por parte de las autoridades y el silencio de los funcionarios involucrados solo contribuyen a alimentar la polémica. En los próximos días, se espera que surja más información que permita esclarecer las circunstancias de este caso y sus posibles implicaciones para el panorama político de Coahuila. El futuro inmediato de Barajas Hernández y Villarreal Pérez, así como el impacto de este incidente en sus carreras políticas, permanecen en el aire, a la espera de declaraciones oficiales que arrojen luz sobre este episodio.