La tensión se palpa en el aire de los Altos de Chiapas. El ancestral sistema de usos y costumbres, pilar de la vida comunitaria en la región, vuelve a ser el centro de la controversia tras el encarcelamiento de cuatro mujeres indígenas tzotziles en la comunidad El Pozo, municipio de San Juan Chamula. La razón, según denuncian los pobladores, es su negativa a ceder los derechos de un predio que alberga un vital manantial. El tic-tac del reloj marca la injusticia: desde el mediodía del 21 de agosto, estas mujeres permanecen recluidas en la cárcel comunitaria, privadas de su libertad por defender lo que consideran suyo.

La escena, captada en un breve pero contundente video de 19 segundos que circula en redes sociales, muestra la crudeza del momento. Una de las mujeres forcejea con las autoridades, rodeada por nueve hombres, mientras otra joven intenta, en vano, protegerla. La imagen, testimonio silencioso de la vulnerabilidad de estas mujeres frente al poder local, ha generado indignación y ha reavivado el debate sobre la delgada línea entre la tradición y la violación de derechos humanos.

El eco de este caso resuena con la reciente detención de dos mujeres en el Ejido Hidalgo, municipio de Las Margaritas, apenas dos semanas antes. En aquella ocasión, la presunta falta de pago de un préstamo económico fue el detonante. La recurrencia de estos episodios pone en evidencia la persistente vulnerabilidad de las mujeres indígenas en la región, quienes a menudo se enfrentan a la discriminación y la falta de acceso a la justicia formal.

Más allá de la disputa por el predio, este caso nos obliga a reflexionar sobre el significado del "usos y costumbres". ¿Es un sistema que protege los derechos de todos o se ha convertido en una herramienta para ejercer el poder arbitrariamente? ¿Cómo podemos garantizar que la tradición no se convierta en sinónimo de impunidad? La respuesta a estas preguntas es crucial para construir un futuro justo y equitativo para las comunidades indígenas de Chiapas.

La salud de una de las mujeres detenidas también es motivo de preocupación. Se reportan lesiones menores en su mano izquierda, un recordatorio tangible de la violencia a la que fue sometida. Pero quizás el dato más conmovedor es la presencia de un niño de aproximadamente tres años, hijo de otra de las detenidas, quien acudió al lugar para ser amamantado. Esta imagen desgarradora nos confronta con la realidad de una injusticia que trasciende a las mujeres detenidas y afecta directamente a sus familias, especialmente a los más vulnerables.

La presión social y la atención mediática son cruciales en estos momentos. La exigencia de justicia para estas cuatro mujeres tzotziles debe ser un clamor unánime. Es imperativo que las autoridades competentes intervengan para garantizar su liberación inmediata y se investiguen a fondo los hechos. El silencio y la indiferencia solo perpetúan la impunidad y condenan a estas mujeres, y a muchas otras, a vivir bajo la sombra del miedo y la injusticia. El futuro de Chiapas y la vigencia de los derechos humanos dependen de nuestra capacidad para conciliar tradición y justicia, garantizando que ninguna mujer vuelva a ser encarcelada por defender lo que le pertenece.