La podredumbre institucional que permea al sistema judicial mexicano se manifiesta con una crudeza alarmante. Ya no se trata de simples sospechas o rumores, sino de una realidad palpable: la ilegalidad se premia, la trampa se aplaude y la impunidad reina. El caso de la reciente elección de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la muestra más descarada de esta decadencia. Un proceso manchado por la manipulación, el descaro y la complicidad de las instituciones que, en teoría, deberían velar por la transparencia y la legalidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos otrora garantes de la democracia, se han convertido en meros espectadores, cómplices silenciosos de un fraude a la vista de todos. Su actuación, o mejor dicho, su inacción, ha sido vergonzosa. Permitieron la participación de candidatos que no cumplían con los requisitos, impusieron multas irrisorias a quienes se beneficiaron de las trampas y, finalmente, validaron una elección plagada de irregularidades.

El escándalo de los “acordeones”, hojas con combinaciones de candidatos preseleccionadas y distribuidas masivamente, es la prueba irrefutable de la manipulación. No se trata de una simple coincidencia, como pretende hacernos creer la magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto. La concentración de votos en una sola combinación, de entre miles de millones posibles, demuestra la existencia de una estrategia orquestada para incidir en el resultado. El hecho de que el voto por los aspirantes a la SCJN fuera prácticamente idéntico en todo el país, descarta cualquier posibilidad de casualidad y apunta directamente a la intencionalidad.

Ante la evidencia aplastante, la única decisión lógica y apegada a derecho habría sido la anulación de la elección. Sin embargo, el TEPJF, bajo la batuta de la 4T, optó por mirar hacia otro lado, premiando la trampa y consolidando la impunidad.

Las consecuencias de esta farsa electoral son devastadoras para el país. Los nuevos ministros de la Corte, los encargados de impartir justicia, llegaron a sus cargos a través de la ilegalidad. ¿Cómo podemos esperar que defiendan la ley y el estado de derecho quienes la violaron flagrantemente para alcanzar sus puestos? La respuesta es simple: no podemos.

Este escenario no solo es trágico, sino también peligroso. La normalización de la trampa y la impunidad corroe los cimientos de la democracia y mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Si quienes deben aplicar la ley la violan sin consecuencias, ¿qué mensaje se envía al resto de la sociedad? El mensaje es claro: en México, la ley es un mero adorno, una formalidad que se puede ignorar sin temor al castigo. Y mientras la impunidad siga reinando, la justicia seguirá siendo una quimera. El futuro del Poder Judicial, y del país en su conjunto, se vislumbra sombrío.