La Ciudad de México se encuentra a las puertas de una transformación social profunda: la consolidación del Sistema Público de Cuidados. Mucho más que una simple política pública, este sistema representa un cambio de paradigma en la forma en que entendemos y abordamos el cuidado, reconociéndolo no como una carga individual –y tradicionalmente femenina–, sino como un derecho humano fundamental y una responsabilidad compartida. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para reformar la Constitución local, es un paso decisivo en este camino hacia la igualdad sustantiva. Al modificar el Artículo 3 y el Artículo 9 de la Carta Magna, se consagra el derecho al cuidado, convirtiéndolo en un pilar fundamental de nuestra ciudad. Este no es un logro menor, sino el resultado de años de lucha y reivindicaciones feministas que han visibilizado la desigualdad histórica que las mujeres enfrentan en esta materia.

Las tres “R” –Revalorar, Reducir y Redistribuir–, enmarcan la esencia de esta transformación. Revalorar el cuidado significa reconocer su importancia social y económica, dejando atrás la idea de que se trata de una labor doméstica invisible y sin valor. Reducir la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres es crucial para su empoderamiento y su plena participación en todos los ámbitos de la vida. Finalmente, redistribuir las responsabilidades de cuidado entre el Estado, la sociedad, las familias y los individuos, implica un cambio cultural profundo que nos invita a construir una sociedad más justa e igualitaria.

Las cifras hablan por sí solas: las mujeres en la Ciudad de México dedican en promedio 39 horas semanales a labores de cuidado, nueve horas más que los hombres. Esta diferencia abismal limita las oportunidades de las mujeres para acceder al empleo, la educación, la participación política y el tiempo libre, perpetuando un ciclo de desigualdad. El Sistema Público de Cuidados busca romper este círculo vicioso, ofreciendo servicios de calidad y accesibles tanto para quienes requieren cuidados como para quienes los brindan. Esto liberará tiempo para las mujeres, permitiéndoles desarrollarse profesionalmente, generar ingresos propios y participar activamente en la vida pública.

Más allá del impacto individual, la implementación de este sistema tendrá consecuencias positivas a nivel social. Al reconocer el cuidado como una responsabilidad colectiva, se fortalece el tejido social y se promueve una cultura de corresponsabilidad. Imaginemos una ciudad donde el cuidado no sea un obstáculo para el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sino un pilar que sostiene una sociedad más justa y equitativa. Una ciudad donde niñas, jóvenes, mujeres y adultas mayores tengan las mismas oportunidades para alcanzar su máximo potencial.

El camino hacia la consolidación del Sistema Público de Cuidados requiere del compromiso de todos los actores involucrados. Desde el Congreso de la Ciudad, donde diversas iniciativas de ley se encuentran en proceso de dictaminación, hasta la sociedad civil, todos tenemos un rol que jugar en la construcción de esta nueva realidad. La propuesta de la Jefa de Gobierno, junto con las iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, enriquecen el debate y nos acercan a un sistema integral y robusto que garantice el derecho al cuidado, a cuidar y al autocuidado. Estamos en un momento histórico, a punto de dar un paso firme hacia una justicia social real para todas las mujeres. La Ciudad de México se convierte así en un referente en la lucha por la igualdad y la construcción de una sociedad más justa para todas y todos.