La tragedia que envuelve la muerte del pequeño Fernandito ha sacudido a la sociedad y ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de las instituciones encargadas de protegernos. Más allá del dolor insondable de una madre que perdió a su hijo, este caso destapa una preocupante realidad: la posible negligencia y la falta de empatía dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las investigaciones en curso revelan un panorama desolador, donde la burocracia y la indolencia parecen haberle ganado terreno a la justicia y a la compasión humana.

La Fiscalía, en un intento por transparentar el proceso y asumir su responsabilidad, ha informado a la opinión pública sobre la apertura de una investigación interna. Esta investigación, radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, busca determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la presunta negación del servicio a la señora Nohemí, madre del pequeño Fernandito. La dilación institucional, la falta de empatía y la nula vocación de servicio son las graves acusaciones que pesan sobre los funcionarios.

Imaginen la desesperación de una madre que acude a las autoridades en busca de ayuda, angustiada por la desaparición de su hijo, solo para encontrarse con la frialdad de un sistema que parece ignorar su sufrimiento. En lugar de recibir el apoyo y la atención que merecía, la señora Nohemí fue enviada a otro Centro de Justicia, un trámite burocrático que le costó tiempo invaluable en la búsqueda de su hijo. Este desamparo institucional, esta falta de sensibilidad ante el dolor ajeno, es lo que hoy se investiga y lo que ha indignado a la sociedad.

Las consecuencias de esta negligencia no se pueden medir. Si bien nada podrá devolverle a Fernandito a su madre, la justicia exige que se depuren responsabilidades y se sancione a quienes, con su inacción o indiferencia, contribuyeron a esta tragedia. El cese del Agente del Ministerio Público que envió a la señora Nohemí a otro centro es un primer paso, pero no es suficiente. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y sentar un precedente para que ninguna otra madre tenga que vivir este calvario.

La remoción de la Agente del Ministerio Público del área de Género y la posibilidad de que la investigación se amplíe a otros servidores públicos son señales de que la Fiscalía está tomando en serio este caso. Sin embargo, la verdadera prueba de su compromiso será la exhaustividad de la investigación y la aplicación de sanciones ejemplares a todos los responsables. La sociedad exige justicia para Fernandito y para su madre, pero también exige un cambio profundo en la cultura institucional que permita prevenir futuras tragedias.

Es fundamental que las instituciones encargadas de impartir justicia actúen con prontitud, eficiencia y, sobre todo, con humanidad. La empatía, la solidaridad y la vocación de servicio no deben ser simples palabras vacías, sino principios que guíen el actuar de todos los servidores públicos. El caso de Fernandito es un llamado de atención para que se revisen los protocolos de atención a las víctimas, se fortalezcan los mecanismos de control y se promueva una cultura de servicio que priorice la dignidad y los derechos de todas las personas. Solo así podremos construir una sociedad más justa y humana, donde tragedias como esta no se vuelvan a repetir.