La industria del calzado mexicano respira aliviada. Tras años de lucha contra la competencia desleal, la exclusión del calzado terminado del programa IMMEX se presenta como un faro de esperanza para un sector históricamente golpeado por la importación indiscriminada. No se trata de proteccionismo, sino de justicia. Los fabricantes nacionales no piden privilegios, sino un campo de juego nivelado donde la creatividad, la calidad y el trabajo mexicano puedan competir en igualdad de condiciones.

Recordemos la esencia del IMMEX: un programa diseñado para impulsar la manufactura y las exportaciones, permitiendo la importación de insumos sin impuestos, siempre y cuando el producto final se destine al mercado internacional. Sin embargo, este instrumento, concebido para fortalecer la industria, fue utilizado por algunos importadores de calzado como una herramienta para evadir impuestos y saturar el mercado nacional con productos a precios artificialmente bajos. Importaban calzado prácticamente terminado, lo “nacionalizaban” aprovechando los beneficios del IMMEX, y lo vendían en México sin pagar los aranceles correspondientes. Una práctica que no solo socavaba la industria nacional, sino que también representaba una grave pérdida para el erario público.

Imaginemos el impacto en los pequeños talleres, en las familias que dependen de la fabricación de calzado. Mientras ellos luchaban por mantenerse a flote, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y generando empleos formales, veían cómo el mercado se inundaba de productos importados que eludían las normas. Una competencia desleal que amenazaba con extinguir una tradición artesanal y productiva, dejando tras de sí un rastro de cierres de fábricas y familias sin sustento.

La decisión de excluir el calzado terminado del IMMEX no es un capricho, es una respuesta a un clamor generalizado. Es el resultado de años de denuncias, de estudios que demostraban el daño irreparable que esta práctica causaba a la industria nacional. Es la culminación de un esfuerzo conjunto entre las cámaras del calzado, organismos como la CONCAMIN, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Unidad de Inteligencia Financiera, que trabajaron incansablemente para documentar y exponer estas irregularidades. Un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y privado puede generar resultados tangibles en beneficio del país.

Este triunfo no solo revitaliza la industria del calzado. Envía un mensaje contundente a todos los sectores productivos: el Estado mexicano está comprometido con la legalidad y la competencia justa. Se acabaron los tiempos en que las prácticas desleales podían operar impunemente. Ahora, quienes quieran importar calzado a México tendrán que hacerlo bajo las mismas reglas que los fabricantes nacionales, pagando los impuestos correspondientes y contribuyendo al desarrollo económico del país.

El futuro se presenta con optimismo. La industria del calzado, liberada de esta competencia desleal, tiene la oportunidad de innovar, de invertir en tecnología, de generar más y mejores empleos. La exclusión del calzado terminado del IMMEX es más que un decreto, es una inyección de confianza en el futuro de la industria mexicana, una apuesta por el talento nacional y un paso firme hacia un comercio exterior más justo y equitativo. Es, en definitiva, una victoria para México.

Es importante destacar la importancia de la vigilancia continua y la colaboración entre autoridades y sector privado para asegurar que esta medida se implemente de manera efectiva y se evadan nuevas formas de elusión fiscal. La lucha por un comercio justo es una tarea permanente que requiere la participación de todos. El camino hacia una industria nacional fuerte y competitiva se construye con compromiso, transparencia y un firme apego a la legalidad.