La sombra del narcotráfico vuelve a oscurecer a Colombia. La reciente explosión en Cali, que dejó un saldo trágico de vidas humanas y heridos, nos recuerda la fragilidad de la paz y la persistencia de la violencia en nuestro país. Las imágenes del presunto responsable, alias Sebastián, miembro del Estado Mayor Central (EMC), nos confrontan con la cruda realidad de las disidencias de las FARC y su nexo con el narcotráfico, específicamente con la Junta del Narcotráfico bajo el mando de alias Marlon. No se trata de un hecho aislado. La explosión en Cali se enmarca en un contexto de operativos militares en el Cañón del Micay, una zona conocida por sus extensos cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína. Esta respuesta violenta por parte del EMC, según lo señalado por el Presidente Petro, evidencia la compleja lucha contra el narcotráfico y las dificultades para alcanzar una paz estable y duradera.

El récord de 253.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia durante 2023, según el informe de la ONU, es una cifra alarmante que subraya la magnitud del desafío. Este panorama nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de las políticas implementadas hasta el momento y la necesidad de buscar nuevas estrategias para combatir este flagelo. La "paz total" propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, que incluye acercamientos con grupos armados como el Clan del Golfo y la búsqueda de diálogos con disidencias de las FARC, se enfrenta a una prueba de fuego.

La explosión en Cali, cerca de la base aérea, en una zona con alta afluencia de personas, demuestra la audacia y la capacidad de estas organizaciones criminales para sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado. El uso de un camión bomba, un método que recuerda las épocas más oscuras de la violencia en Colombia, revela la intención no solo de causar daño físico, sino también de generar pánico y desestabilizar la sociedad.

La captura de alias Sebastián, gracias a la valiente acción de la comunidad, es un pequeño triunfo en esta lucha desigual. Sin embargo, es crucial que las autoridades profundicen las investigaciones, identifiquen a todos los responsables y los lleven ante la justicia. Es necesario desmantelar las redes del narcotráfico que operan en el país y cortar sus vínculos con las disidencias de las FARC y otros grupos armados. El futuro de Colombia depende de nuestra capacidad para enfrentar este desafío con determinación y unidad. La paz, ese anhelo que nos une a todos, solo será posible si logramos erradicar el narcotráfico y construir una sociedad más justa y equitativa.

El gobierno debe fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, invertir en desarrollo social y ofrecer alternativas económicas a las comunidades que dependen del cultivo de coca. La educación, la creación de empleo y el acceso a servicios básicos son fundamentales para romper el ciclo de la violencia y construir un futuro de paz para todos los colombianos. No podemos permitir que la sombra del narcotráfico siga oscureciendo nuestro presente y robando las esperanzas de un futuro mejor.