La informalidad en el Metro de la Ciudad de México ha sido un tema recurrente, una danza constante entre la necesidad y la norma. Vendedores ambulantes, artistas callejeros, y ahora, el caso de los supuestos vagoneros que, con palos y escobas, agredieron a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este incidente, ocurrido en la estación UAM-I de la Línea 8, nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de esta problemática y la necesidad de encontrar soluciones que respeten tanto la dignidad humana como el orden público.

La imagen del oficial siendo golpeado, rodeado por la indiferencia del trajín cotidiano del metro, es un reflejo de la tensión que se vive a diario. Tres mujeres y dos hombres, presuntamente vagoneros, desataron su furia contra el agente que simplemente cumplía con su deber: informarles que la venta dentro de las instalaciones del metro está prohibida. Un recogedor, una escoba, objetos cotidianos transformados en armas, nos hablan de la precariedad y la desesperación que pueden llevar a algunos a reaccionar de forma violenta.

Más allá de la anécdota, este suceso abre un debate crucial. ¿Qué lleva a estas personas a arriesgarse a una confrontación con la autoridad? ¿Son simples infractores o la falta de oportunidades los empuja a buscar el sustento en los vagones del metro? La prohibición de la venta informal en el Metro es una realidad, una norma establecida para mantener el orden y la seguridad de los usuarios. Sin embargo, la aplicación de esta norma no puede ser un acto mecánico, desprovisto de empatía y comprensión.

Si bien la venta informal dentro del metro está considerada una falta administrativa, expulsar a estos vendedores sin ofrecer alternativas viables no resuelve el problema de fondo. Se trata de personas que buscan ganarse la vida, que necesitan llevar alimento a sus hogares. ¿Qué opciones tienen cuando se les cierra esta puerta? ¿Se les está condenando a la marginalidad?

La respuesta no es sencilla. Requiere un enfoque integral que combine la aplicación de la ley con políticas sociales que brinden oportunidades reales a quienes se ven obligados a recurrir a la informalidad. Programas de capacitación, microcréditos, ferias de empleo, son algunas de las herramientas que podrían ayudar a estas personas a encontrar alternativas dignas y legales para subsistir.

El silencio de las autoridades tras este incidente es preocupante. La falta de una postura oficial y la ausencia de denuncias generan la sensación de impunidad y alimentan el ciclo de violencia. Es necesario que se investigue a fondo lo sucedido, que se sancione a los responsables de la agresión, pero también que se implementen medidas para prevenir futuros incidentes. El Metro de la Ciudad de México es un espacio público, un lugar de encuentro, y debe ser un lugar seguro tanto para los usuarios como para quienes trabajan en él, incluso para aquellos que se ven obligados a hacerlo al margen de la ley. La solución no está en la represión, sino en la creación de un sistema justo e inclusivo que ofrezca oportunidades para todos. Solo así podremos construir una ciudad más equitativa y pacífica.