La promesa de la Cuarta Transformación resonó en millones de hogares mexicanos con una simpleza contundente: dinero directo en los bolsillos de la gente. Y los resultados, plasmados en las cifras del INEGI, son innegables: 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Un logro impulsado por el aumento histórico del salario mínimo, un 116.4% durante el sexenio, y la inyección constante de recursos a través de programas sociales. El ingreso corriente de las familias más vulnerables experimentó un crecimiento trimestral del 15.4%, desafiando las predicciones catastróficas de algunos sectores económicos. Si bien el crecimiento económico general se ha estancado, no se ha desplomado como algunos auguraban.

Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo a largo plazo es cuestionada. Expertos argumentan que la falta de un crecimiento productivo sólido que lo respalde lo convierte en una solución temporal, una especie de analgésico para un malestar crónico. Pero, ¿qué dicen los números? Más allá de las proyecciones económicas, se dibuja un pacto silencioso, casi intangible, entre la ciudadanía y el gobierno actual. Un pacto donde la inmediatez de los recursos en mano pesa más que la promesa de servicios públicos de calidad a futuro.

Este pacto ha sido subestimado, en parte, por el prejuicio de ciertos sectores que ven con recelo el destino de esos recursos. Se cuestiona la eficiencia del gasto de las familias beneficiadas, incomodando a quienes consideran que esos recursos provienen de sus propios impuestos. Pero este cuestionamiento, además de despectivo, encierra una peligrosa condescendencia. ¿Quién tiene la autoridad moral para dictar cómo otra persona debe administrar su dinero? ¿Acaso los gastos, a veces superfluos y ostentosos, de los sectores más acomodados no podrían ser juzgados con la misma vara?

Más allá de la polémica sobre el uso de los recursos, hay una razón de fondo, mucho más poderosa, que explica este pacto tácito: la sensación de emancipación y libertad que otorga el tener más dinero disponible. En un sistema capitalista, el ingreso representa la posibilidad de elegir. Elegir qué comprar, dónde comprarlo, cuándo comprarlo. No es lo mismo recibir apoyos en especie, que limitan las opciones del beneficiario, a recibir efectivo y poder decidir libremente su destino. Esta aparente simpleza encierra una profunda transformación en la dinámica familiar.

En millones de hogares mexicanos, quien administra el gasto familiar ha adquirido un nuevo poder: el poder de decidir. Y ese poder, esa autonomía recién descubierta, explica mejor que cualquier modelo económico el vínculo entre la ciudadanía y la 4T. Es un cambio de paradigma donde la inmediatez del beneficio tangible prevalece sobre la promesa de un futuro con mejores servicios.

Sin embargo, este pacto tiene un costo oculto, una renuncia implícita a servicios públicos de calidad, especialmente en el ámbito de la salud. Las cifras son alarmantes: entre 2018 y 2024, 24.4 millones de mexicanos perdieron acceso a la salud, un derecho fundamental que el Estado debería garantizar. Actualmente, la cifra asciende a 44.5 millones de personas sin acceso a servicios sanitarios, duplicando la cantidad registrada al inicio del sexenio. Un retroceso brutal que nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de este modelo.

Para dimensionar la magnitud del abandono del sistema de salud, basta comparar la situación actual con la de 2016, cuando el 15.6% de la población carecía de acceso a servicios de salud. Hoy, esa cifra se ha disparado al 34.2%. Un incremento dramático que nos confronta con una pregunta incómoda: ¿Vale la pena sacrificar la salud, un pilar fundamental del bienestar, por la promesa de un ingreso inmediato?

La respuesta, al parecer, reside en el corazón del pacto silencioso entre la ciudadanía y la 4T: la prioridad es el dinero. En un país históricamente marcado por la carencia, la promesa de recursos inmediatos, aunque insuficientes para cubrir las necesidades básicas a largo plazo, resulta más atractiva que la promesa de un futuro incierto con mejores servicios. Este es el pacto: más dinero, menos seguridad social. Un pacto que, si bien alivia la pobreza en el corto plazo, podría tener consecuencias devastadoras para el futuro del país.