La política mexicana se encuentra una vez más en el ojo del huracán. Las acusaciones de corrupción contra Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, proferidas por el diputado federal de Morena, Guillermo Santiago Rodríguez, resuenan con fuerza en los pasillos del poder y en la opinión pública. No se trata simplemente de un intercambio de dardos entre partidos opuestos, sino de un señalamiento directo que pone en tela de juicio la transparencia y el manejo de recursos dentro del tricolor.

Santiago Rodríguez no se limitó a calificar a Moreno como “impresentable” y “corrupto”, sino que fue más allá al exigir una investigación exhaustiva sobre el uso de recursos públicos durante la gestión de Moreno como gobernador de Campeche y como presidente del PRI. La sospecha de que fondos estatales se desviaron para financiar actividades proselitistas del partido es una acusación grave que exige una respuesta contundente y, sobre todo, pruebas irrefutables.

El diputado morenista subrayó la importancia de analizar a profundidad el manejo financiero de los partidos políticos, un tema que ha generado controversia y desconfianza en la ciudadanía durante años. "Se deben terminar los excesos", sentenció, haciendo eco a la creciente demanda social por una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados a las actividades partidistas. La opacidad y la corrupción, denunció, son males que aquejan al sistema político y que deben ser erradicados.

En este contexto, las declaraciones de la propia dirigente de las mujeres del PRI, quien acusó a Moreno de no destinar los recursos correspondientes a temas de equidad de género, cobran una especial relevancia. Estas acusaciones internas abonan a la imagen de un partido sumido en contradicciones y conflictos internos, y refuerzan la necesidad de una investigación imparcial que esclarezca el destino de los fondos públicos.

La figura del desafuero, mencionada por Santiago Rodríguez, se vislumbra en el horizonte como una posibilidad real. Ya sea a través de una queja ante el INE o ante la Fiscalía del estado de Campeche, el proceso legal podría poner a Moreno en una situación delicada. Sin embargo, es fundamental que se respete el debido proceso y que cualquier acción legal se sustente en pruebas sólidas y no en meras especulaciones políticas.

Más allá del enfrentamiento entre Morena y el PRI, este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. La ciudadanía exige transparencia y un control más riguroso sobre el uso de los recursos públicos. Como bien lo señaló el diputado Santiago Rodríguez: "Tenemos que dejar de ver a los partidos políticos como un patrimonio personal". Esta frase resume la esencia del problema: la percepción de que los partidos se han convertido en feudos privados, donde la rendición de cuentas es una práctica opcional.

El futuro de la política mexicana depende, en gran medida, de la capacidad del sistema para erradicar la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. El caso de Alejandro “Alito” Moreno es una prueba de fuego para las instituciones y una oportunidad para demostrar que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición política. La sociedad espera respuestas claras y contundentes. El tiempo dirá si la justicia prevalece o si, una vez más, la impunidad se impone.