La brutalidad del doble homicidio perpetrado contra Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respectivamente, ha sacudido los cimientos del poder, no solo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sino también en el corazón de Palacio Nacional. El hecho, ocurrido a plena luz del día en la Calzada de Tlalpan el pasado 20 de mayo, ha sido interpretado como una afrenta directa al régimen de la cuatroté, una provocación que ha puesto en marcha una maquinaria de investigación sin precedentes.

La respuesta del gobierno federal no se ha hecho esperar. Todo el Gabinete de Seguridad, incluyendo figuras de la talla de Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla, el Almirante Raymundo Pedro Morales, el General Hernán Cortés y Alejandro Gertz, se ha volcado en la cacería de los responsables, tanto materiales como intelectuales. La magnitud del despliegue, comparable al utilizado en la lucha contra los grandes cárteles de la droga, demuestra la gravedad con la que se ha tomado este atentado. A nivel local, la Secretaría de Seguridad de la CDMX, bajo el mando de Pablo Vázquez, y la Fiscalía capitalina, dirigida por Bertha Luján, también se han sumado a la intensa búsqueda de justicia.

Los primeros resultados de esta operación conjunta ya son palpables: 13 detenidos en 11 operativos simultáneos realizados en la CDMX y el Estado de México. Acusados de homicidio y asociación delictuosa, estos individuos parecen formar parte de una amplia red, perfectamente organizada y con recursos considerables. La logística del crimen, que incluyó el seguimiento de las víctimas durante al menos 20 días, la adquisición de cinco o más vehículos, la provisión de teléfonos celulares y la disposición de dinero en efectivo, habla de una operación sofisticada y planificada con minuciosidad.

Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. La identidad del o los autores intelectuales, así como el móvil del crimen, siguen siendo un misterio. Lo que sí parece claro es que nos encontramos ante un escenario inquietante, donde los responsables demostraron una audacia desconcertante, desafiando abiertamente a un régimen que, al parecer, ya no puede garantizar la seguridad ni siquiera a sus allegados. Este doble homicidio plantea interrogantes sobre la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas y la capacidad del gobierno para hacer frente a este tipo de amenazas.

Un detalle que no ha pasado desapercibido es la ausencia de reconocimiento a la colaboración de las autoridades mexiquenses en los operativos. A pesar de que las detenciones se realizaron en ambos territorios, no se les dio crédito alguno y ningún representante del Estado de México estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida por Omar García Harfuch, Pablo Vázquez y Bertha Alcalde. Una omisión que genera interrogantes y que podría ser indicativo de tensiones entre las distintas instancias gubernamentales.

En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió con una propuesta de corte progresista que ha abierto un importante debate en la opinión pública: la legalización de la eutanasia. Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum se pronunció a favor de discutir abiertamente esta posibilidad, considerando que es un tema polémico pero que no debe ser ignorado. Esta declaración marca un hito en la agenda política y pone de manifiesto la voluntad de abordar temas complejos y de relevancia social.