La conmoción se extiende como la pólvora en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Un video que muestra al sacerdote Diego Sosa en ropa interior, en la puerta de su domicilio y en compañía de dos menores de edad, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos que retumban en las redes sociales y en los hogares ecuatorianos. El registro audiovisual, capturado por la activista Sybel Martínez y rápidamente viralizado, muestra una escena inquietante: uno de los adolescentes también aparece en ropa interior, mientras el otro sostiene un control de PlayStation, elementos que han alimentado las sospechas y la alarma social.

El padre Sosa, párroco de la zona de Olón, argumenta que los jóvenes son monaguillos que lo visitaban para jugar videojuegos. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los vecinos, quienes aseguran haberlo visto salir de la iglesia con los menores la noche del viernes 15 de agosto de 2025, dirigiéndose a su vivienda. Este detalle, sumado a la imagen perturbadora del video, ha sembrado la duda y la desconfianza en la comunidad.

Las versiones contradictorias se entrecruzan, creando un clima de incertidumbre. Mientras el sacerdote insiste en su inocencia, calificando las acusaciones como "calumnias" y afirmando que vestía pantalones cortos y camiseta al momento de la llegada de las autoridades, la presión social y las evidencias presentadas exigen una investigación a fondo. Sosa asegura que los adolescentes, de 15 y 16 años, contaban con el permiso de sus padres para acompañarlo en la preparación de un evento social, negando cualquier tipo de conducta inapropiada.

La Fiscalía General de Ecuador, actuando con celeridad, ha abierto una investigación de oficio para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales. Paralelamente, la Diócesis de Santa Elena ha tomado medidas drásticas, separando al padre Sosa de sus funciones pastorales mientras se llevan a cabo las investigaciones civiles y canónicas. Este hecho subraya la gravedad de la situación y la firme postura de la Iglesia ecuatoriana ante este tipo de acusaciones.

En un comunicado oficial, la Iglesia ha reiterado su política de "cero tolerancia e impunidad" frente a actos inmorales, reafirmado su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y expresando su profunda preocupación por el bienestar de los menores involucrados.

La sociedad ecuatoriana se encuentra a la expectativa del desarrollo de las investigaciones, demandando transparencia y justicia. Este caso ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control en las instituciones, especialmente en aquellas que trabajan con menores de edad. La sombra de la duda se cierne sobre la comunidad de Olón, mientras la justicia busca la verdad tras las imágenes que han conmocionado al país. El futuro del padre Sosa y la confianza en la institución religiosa dependen del resultado de estas investigaciones, que se espera sean exhaustivas e imparciales. El clamor por la justicia y la protección de los menores resuena con fuerza en Ecuador, esperando que este caso sirva como un llamado a la reflexión y a la acción para prevenir situaciones similares en el futuro.