La transformación del Poder Judicial, consumada con la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado martes 19 de agosto, marca un antes y un después en la historia de México. Más allá de un simple relevo de figuras, estamos ante una reingeniería profunda de uno de los pilares de nuestra República. El nuevo Pleno, que tomará posesión el 1 de septiembre, configura un Poder Judicial con incentivos, legitimidad y razón de ser distintos a los que conocíamos.

El discurso oficial justifica esta reforma argumentando la corrupción, elitismo y desconexión con el pueblo del Poder Judicial anterior, con la Suprema Corte como blanco principal de las críticas. Si bien es cierto que existen casos que merecen ser revisados y sancionados, no podemos ignorar las innumerables historias de personas inocentes que recuperaron su libertad gracias a una Corte independiente, libre de presiones mediáticas y cálculos políticos. Una Corte que corrigió abusos flagrantes como la prisión preventiva oficiosa y la violación sistemática al debido proceso.

Recordemos también las resoluciones de profundo impacto social, como la que permitió el uso del cannabis, brindando alivio a miles de pacientes con enfermedades crónicas y dolorosas. Temas tan polarizantes como la despenalización del aborto, que quedarían atrapados en un limbo permanente si se sometieran al cálculo electoral, requieren la intervención de tribunales constitucionales autónomos.

La historia nos recuerda cómo esa misma Corte, en tiempos de gobiernos del PAN y del PRI, detuvo la cédula de identidad para menores y el padrón de usuarios de telefonía celular, protegiendo los datos personales de la ciudadanía frente al poder. Más recientemente, invalidó la reforma electoral impulsada por el lopezobradorismo, plagada de vicios. Sin los contrapesos que ofrecía la anterior configuración, esa misma reforma probablemente se impondrá sin obstáculos.

El Poder Judicial que hoy se transforma supo corregir injusticias, defender derechos y libertades, y actuar como contrapeso al Congreso y la Presidencia. Lo hizo no a pesar de no ser electo directamente, sino precisamente por ello. Su independencia y libertad radicaban en su carácter no electo. Su naturaleza técnica y apartidista le permitía tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, garantizando la certeza jurídica.

Con la nueva reforma, la independencia y el profesionalismo, esencia del Poder Judicial anterior, se ven amenazados. Si bien aún quedan personas valiosas en sus filas, los nuevos incentivos premian la sumisión y la lealtad política, provocando la fuga de talento. No solo jueces, magistrados y ministros, sino también sus equipos técnicos y la burocracia especializada, un verdadero servicio civil de carrera forjado durante décadas, abandonan el barco.

A esta preocupante fuga de talento se suma la de los jóvenes abogados de excelencia que, al no ver un futuro prometedor en un Poder Judicial donde la preparación no es valorada, descartan el servicio público. El resultado previsible es un Poder Judicial dominado por perfiles improvisados, definidos por su lealtad a intereses políticos, e incluso criminales. Una paradoja: un Poder Judicial electo en apariencia, pero menos responsable ante el pueblo en la práctica. Quizá menos “elitista” en términos de mérito y experiencia, pero también menos capacitado para cumplir su función social. Más mediático, y por ello más preocupado por la forma que por el fondo.

Ante este panorama desalentador, es crucial reconocer y agradecer a quienes, hasta el último día, defendieron la autonomía judicial con vocación, dignidad y valor, resistiendo las enormes presiones y tentaciones del poder. A la ministra presidenta Norma Piña, y a todos los ministros, magistrados y jueces que impartieron justicia con autonomía e independencia.

Con frecuencia no valoramos lo que funciona… hasta que deja de funcionar. El tiempo y el contraste permitirán a la ciudadanía juzgar con mayor claridad el Poder Judicial que perdimos.