La retórica triunfalista que rodea al anterior gobierno contrasta crudamente con la realidad que viven millones de mexicanos. Si bien es cierto que las cifras de ingreso muestran un aumento, es una verdad a medias, un espejismo que se desvanece al analizar la precariedad subyacente. Este incremento, impulsado principalmente por las remesas y las transferencias gubernamentales, no se traduce en una mejora real de la calidad de vida. Es un dinero destinado a la supervivencia, no a la prosperidad. Se gasta en lo urgente, en cubrir las necesidades básicas, no en impulsar el desarrollo personal o familiar. ¿De qué sirve un ligero aumento en el ingreso si el costo de la canasta básica se dispara, si la atención médica sigue siendo deficiente, si la educación no garantiza un futuro mejor?

Es una irresponsabilidad política celebrar estos datos como un triunfo, ignorando la fragilidad de un sistema que depende de factores externos, como las remesas, y de un gasto público insostenible. ¿Qué sucederá cuando la coyuntura económica cambie? ¿Qué pasará cuando las remesas disminuyan o el gobierno se vea obligado a recortar las transferencias? La respuesta es evidente: una crisis aún mayor que sumirá a más familias en la pobreza.

Además, la narrativa oficial oculta una realidad dolorosa: la persistente desigualdad regional. Mientras que algunos estados podrían mostrar una leve mejoría en los indicadores, otros, como Chiapas e Hidalgo, siguen sumidos en la marginación. La pobreza tiene rostro y geografía. No podemos hablar de avances mientras millones de mexicanos sigan sin acceso a servicios básicos, a oportunidades de desarrollo y a una vida digna.

El legado de la administración anterior en materia de seguridad es aún más preocupante. Las cifras de homicidios, frías e implacables, desmienten el discurso oficial. La estrategia de "abrazos, no balazos" no solo resultó ineficaz, sino que exacerbó la violencia, dejando a su paso un reguero de dolor y destrucción. Los jóvenes, el futuro de México, son las principales víctimas de esta fallida política. La desconfianza generada, tanto a nivel nacional como internacional, es un lastre que dificultará la construcción de un país más seguro y próspero.

El pragmatismo sin principios que caracterizó al anterior gobierno dejó una profunda herida en el tejido social. La incorporación de figuras cuestionables al movimiento, la falta de un plan de gobierno claro y la mezcla confusa de ideologías resultaron en una gestión errática e ineficiente. Si bien es cierto que el expresidente poseía una notable capacidad para conectar con la gente y construir narrativas, estas habilidades no fueron suficientes para enfrentar los verdaderos problemas del país. La terquedad y la falta de autocrítica se convirtieron en obstáculos para el diálogo y la construcción de consensos.

El análisis de los datos del INEGI no debe limitarse a una lectura superficial. Es necesario profundizar en las causas estructurales de la pobreza y la violencia, ir más allá de las cifras y comprender la compleja realidad que viven millones de mexicanos. Celebrar supuestos logros mientras se ignora el sufrimiento de la gente es una falta de sensibilidad y responsabilidad. El futuro de México exige un cambio de rumbo, una visión a largo plazo y un compromiso real con la justicia social.

Es crucial que el actual gobierno aprenda de los errores del pasado y implemente políticas públicas que promuevan el desarrollo económico sostenible, fortalezcan el estado de derecho y garanticen la seguridad de todos los mexicanos. El camino hacia un futuro mejor requiere diálogo, unidad y una firme determinación para construir un México más justo, equitativo y próspero.