La transición del concepto de "sana distancia" entre gobierno y partido, promovido durante el mandato de Ernesto Zedillo, a la actual situación, donde se percibe una pérdida de autonomía e independencia de los poderes Legislativo y Judicial, e incluso del propio Ejecutivo frente a su antecesor, es un tema que merece un análisis profundo. Este cambio drástico dinamita la separación de poderes que los gobiernos anteriores fortalecieron, junto con la implementación de procesos más incluyentes y transparentes que permitieron a la oposición, hoy en el poder, tener voz y voto en la vida política del país.

Recordemos la reforma electoral de 1996, que impulsó una mayor equidad en los comicios. Gracias a ella, en el año 2000, un candidato no priista ganó la Presidencia. Esta reforma amplió la representación proporcional, permitiendo que legisladores de oposición llegaran al Congreso aun sin ganar por mayoría, asegurando la participación de las minorías en la vida legislativa. Un contraste marcado con la reforma electoral actual, que en lugar de diversificar el panorama político, parece diluir la independencia de los tres poderes y concentrar el ejercicio del gobierno en uno solo.

La reciente convocatoria de la presidenta Sheinbaum a las cabezas del Legislativo, mayoritariamente morenistas, en Palacio Nacional para discutir la agenda prioritaria del próximo periodo ordinario, traza una línea delgada entre una buena comunicación institucional y el avasallamiento de un poder sobre otro. ¿Es una muestra de colaboración o de subordinación? La interrogante queda abierta.

Otro ejemplo relevante es la reunión del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia con Ricardo Monreal y Fernández Noroña. Una reunión que, en un contexto de verdadera institucionalidad, debería haber tenido lugar primero con la presidenta saliente de la SCJN, Norma Piña, para la debida transmisión de información sobre los casos, ponencias y retos pendientes. Este hecho plantea serias dudas sobre el respeto a los protocolos y la independencia del poder judicial.

Ante la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum, el PT y el PVEM han expresado su desacuerdo, argumentando que la eliminación de las candidaturas plurinominales y el financiamiento público les afectaría gravemente. Su amenaza de aliarse con la oposición si la reforma procede, deja entrever que los intereses partidistas prevalecen sobre la búsqueda de una democracia más sólida y plural.

La verdadera intención detrás de la reforma electoral es un tema de debate. ¿Se busca fortalecer la democracia o los propios intereses de Morena? La pérdida de la noción de autonomía e independencia de poderes, y la aparente libertad con la que se ejerce presión sobre la presidenta de la República, son señales preocupantes.

La reunión de Sheinbaum con Monreal y Adán Augusto López en Palacio Nacional genera más preguntas que respuestas. ¿Se limitarán los legisladores a seguir las iniciativas del Ejecutivo al pie de la letra, o le presentarán obstáculos? La versión oficial habla de revisión de la agenda legislativa, pero la lectura política sugiere un posible intento de control y presión. La percepción de una presidenta "atada de manos" se refuerza con las acciones y declaraciones del propio Adán Augusto.

¿Qué sucede en el TEPJF? ¿Se ha discutido la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón? ¿La iniciativa para anular la elección de ministros de la SCJN mediante la “operación acordeón” no genera preocupación? La falta de transparencia en estos temas alimenta la incertidumbre y la desconfianza.

La Cuarta Transformación, que en su momento criticó la falta de separación de poderes y la ignorancia hacia las voces críticas, hoy parece replicar esas mismas prácticas. Esta incongruencia podría tener consecuencias negativas a largo plazo, no solo para el movimiento, sino para la democracia, el debate legislativo y la vida político-social en México.

El caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo de la justicia y acusado de liderar al grupo criminal "La Barredora", añade otra capa de complejidad al panorama político. El respaldo que recibe de Adán Augusto López Hernández, su antiguo jefe y actual coordinador de Morena en el Senado, así como de Ricardo Monreal, plantea interrogantes sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando figuras políticas de alto nivel protegen a presuntos delincuentes? La "operación cicatriz" que se menciona, deja entrever la existencia de negociaciones y acuerdos que podrían afectar la impartición de justicia.