La llegada del 1 de septiembre marca un hito en la historia jurídica de México: la formalización de la reforma judicial y la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este acontecimiento trasciende el ámbito meramente jurídico para impactar a la sociedad en su conjunto. La SCJN, en su rol de tribunal constitucional, define el alcance de nuestros derechos fundamentales y actúa como último garante de la justicia en el país. Por ello, la nueva integración de la Corte debe ser objeto de escrutinio público, un interés compartido no solo por los profesionales del derecho, sino por cada ciudadano.

La Suprema Corte delimita el poder de toda autoridad, incluyendo a aquellos particulares que, en el ejercicio unilateral de sus funciones, crean o modifican situaciones jurídicas. En esencia, establece el marco normativo que rige nuestras libertades. Sus decisiones, por tanto, tienen un profundo calado y pueden generar efectos generales, impactando incluso a quienes no participamos directamente en los litigios. Las interpretaciones que la Corte da a las normas pueden beneficiarnos o perjudicarnos, asignando nuevos significados a las disposiciones legales.

Más allá de resolver controversias, la SCJN vela por la constitucionalidad de las leyes. Tiene la facultad de anular o corregir aquellas disposiciones, emanadas del proceso legislativo, que vulneren el pacto social que nos constituye como nación. Además, posee la importante función de exhortar al poder legislativo a actuar cuando su inactividad u omisión representen una violación de derechos. De esta manera, la Corte garantiza la eficacia del texto constitucional, piedra angular de nuestro Estado.

Esta nueva integración de la SCJN no solo inaugura una nueva era para los derechos, sino que también redefine nuestra comprensión del Estado de Derecho y la división de poderes. Por primera vez en la historia, las personas juzgadoras han sido elegidas por voto popular directo, lo que, en teoría, fortalece la legitimidad de sus actuaciones y acerca la justicia al ciudadano, alejándola, idealmente, de la corrupción.

Este cambio de ciclo nos invita a reflexionar sobre el pasado y el contexto que nos ha traído hasta aquí. La décima y undécima épocas jurisprudenciales representan un periodo de notable progreso interpretativo en las decisiones judiciales. Se han reconocido derechos en áreas de gran debate ético, como el derecho a la interrupción legal del embarazo, desvinculándolo del debate sobre el inicio de la vida y centrándolo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También se ha avanzado en el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, priorizando el libre desarrollo de la personalidad y la libertad individual por encima de la tradicional vinculación con la reproducción.

Otro logro significativo es el reconocimiento del trabajo en el hogar a través de la pensión compensatoria, rompiendo con estereotipos de género arraigados en las relaciones conyugales. Asimismo, se han producido avances importantes en materia de violencia familiar y obligaciones alimentarias entre ascendientes y descendientes. El derecho de familia, sin duda, ha experimentado una evolución interpretativa ejemplar.

El acceso a una justicia culturalmente adecuada también ha sido un tema central, con el reconocimiento de la autoadscripción y la jurisdicción especializada indígena. Este enfoque promueve la igualdad de derechos de las comunidades indígenas, respetando sus usos y costumbres, su lengua y su cultura en los procesos judiciales. Se han implementado garantías específicas para superar las barreras estructurales que enfrentan.

En materia de salud, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de este derecho humano. La SCJN ha reconocido las obligaciones del Estado en la provisión de servicios de salud y medicamentos, prestando especial atención a grupos vulnerables como personas con trastornos mentales, niños, adultos mayores y mujeres en el ámbito de la salud reproductiva.

La Corte también ha emitido criterios relevantes sobre la desaparición forzada de personas, justicia laboral, riesgos en el trabajo, arraigo, asistencia consular, derecho a la verdad de las víctimas, justicia para adolescentes, libertad religiosa, filiación, derecho a la ciudad, derechos de personas con discapacidad y derecho a un medio ambiente sano, definiendo conceptos como los servicios ambientales y el principio precautorio.

Con la nueva Corte se inicia una nueva era para los derechos. Esperamos que esta nueva etapa sea tan progresista como la que concluye. Muchos de los derechos que hoy disfrutamos son fruto del trabajo de juezas y jueces valientes, movimientos sociales y litigios estratégicos, y merecen nuestro reconocimiento. Su labor ha sentado las bases para un futuro más justo e igualitario.