La sombra de la impunidad se extiende sobre el caso René Palomares Parra, ex presidente de la comisión de vigilancia del SUTEyM, quien permanece prófugo tras un año y seis días del incidente donde baleó a su propio hermano, Tomás Palomares Parra, en un evento sindical. Este acto violento, ocurrido en el auditorio de la Casa del Servidor Público Mexiquense en Toluca, también se vincula con la muerte de Luis Fernando “Peruzzi” Cosgaya Herrera, un hecho que aún exige respuestas y justicia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha intensificado la búsqueda, ofreciendo una recompensa de 300 mil pesos por información que conduzca a su captura. Sin embargo, la lentitud del proceso y la aparente facilidad con la que Palomares Parra ha evadido a la justicia generan interrogantes y suspicacias.

Corre el rumor, cada vez con más fuerza, de la posible protección que René Palomares estaría recibiendo desde las altas esferas del PRI mexiquense. Se especula sobre la existencia de pactos que garantizarían su impunidad a cambio de su silencio. La información que supuestamente maneja sobre el flujo de recursos dentro del SUTEyM podría ser la clave de esta red de complicidades. De salir a la luz, estas revelaciones pondrían en jaque el "negocio SUTEyM" que, según se dice, ha enriquecido a David Parra Sánchez, patriarca de la familia y figura prominente del PRI, permitiéndole acceder a diversos cargos públicos y gozar de privilegios. Este entramado de poder e influencias explicaría, según algunos, la inexplicable libertad de René mientras su hermano Tomás, víctima del atentado, enfrenta las secuelas de la agresión, confinado a una silla de ruedas.

El caso Palomares Parra trasciende el simple acto delictivo. Se convierte en un reflejo de la corrupción y el abuso de poder que, según denuncian algunos, ha carcomido las estructuras del SUTEyM durante décadas. La falta de transparencia en el manejo de los recursos sindicales, las redes clientelares y la impunidad que ampara a figuras como René Palomares, exigen una investigación a fondo que depure responsabilidades y restablezca la confianza en las instituciones.

Mientras tanto, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, ha declarado la guerra a la extorsión en el Estado de México, asegurando que no se trata solo de disminuirla, sino de erradicarla por completo. Duarte Olivares enfatizó la importancia de la seguridad y certeza para la inversión en infraestructura, destacando la disminución del 14% en delitos contra las empresas durante la gestión de Delfina Gómez. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de la capacidad del gobierno para desmantelar las redes de corrupción e impunidad, como las que se sospechan en el caso SUTEyM. La sociedad mexiquense exige justicia y transparencia. El caso Palomares es una prueba de fuego para la credibilidad del gobierno y su compromiso con la lucha contra la corrupción.