La inminente desaparición del Poder Judicial, un pilar fundamental en la historia de México, nos sitúa ante un escenario preocupante. No se trata simplemente de una reestructuración administrativa, sino de la pérdida de un contrapeso crucial frente a un gobierno con una clara tendencia a la concentración del poder. Este Poder Judicial, a pesar de sus imperfecciones, representó durante años un bastión de defensa para los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos. En sus tribunales se libraron batallas legales que protegieron a individuos y colectivos de los excesos del poder, y se frenaron reformas que amenazaban el delicado equilibrio de la división de poderes. Irónicamente, esta misma independencia, esta capacidad de decir "no", se convirtió en la semilla de su propia destrucción.

La reforma judicial, aprobada el año pasado bajo un manto de irregularidades y violaciones al proceso legislativo, fue el instrumento utilizado para desmantelar sistemáticamente al Poder Judicial. Desde la oposición, advertimos con firmeza sobre las consecuencias de esta reforma, cada uno de cuyos elementos parecía diseñado para debilitar el sistema y someterlo al control del Ejecutivo. La austeridad, pregonada como justificación, no fue más que una fachada para ocultar un plan mucho más ambicioso: asfixiar al Poder Judicial hasta llevarlo al colapso, para luego reconstruirlo a imagen y semejanza del poder en turno.

La elección de jueces y magistrados del pasado 1 de junio puso en evidencia la farsa democrática que se ha instaurado. Millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir a más de dos mil setecientos funcionarios judiciales sin tener la más mínima información sobre sus perfiles, su experiencia o su trayectoria. Una votación a ciegas, sin debates, sin información, que se tradujo en un reparto masivo de cargos entre el bloque oficialista, priorizando la lealtad por encima del mérito. La baja participación ciudadana, que en algunos casos no llegó ni al 7% del padrón, es un reflejo del desinterés y la desconfianza generados por este proceso.

La supuesta austeridad ha dejado a los tribunales en una situación deplorable, carentes de recursos básicos, desde impresoras hasta personal suficiente. Jueces que confiesan no contar ni con memoria digital para dar seguimiento a los procesos. Esta no es una casualidad, sino una estrategia deliberada para debilitar a la justicia antes de transformarla en un apéndice del poder.

A partir del 1 de septiembre, con la llegada de los nuevos jueces y magistrados, México entrará en una nueva era, una era sin un Poder Judicial independiente. Un sistema judicial poblado por perfiles sin trayectoria, pero con vínculos directos con el oficialismo, dejará de ser un contrapeso para convertirse en una mera extensión del Ejecutivo. Las decisiones trascendentales estarán sujetas al filtro político, y la justicia se convertirá en un instrumento al servicio del poder.

Esta situación representa una grave amenaza para la democracia. Sin un Poder Judicial autónomo, los ciudadanos quedan indefensos ante los abusos del poder. Cualquiera puede ser perseguido, silenciado o despojado de sus derechos sin la garantía de un juicio justo. La obediencia ciega reemplaza al Estado de derecho, y la sumisión se convierte en la norma.

Ante este panorama, no podemos guardar silencio. Desde Acción Nacional, alcemos la voz para defender la democracia y recordar que esta no se limita al acto de votar, sino que se sustenta en instituciones libres capaces de oponerse al poder cuando este excede los límites constitucionales. La desaparición del Poder Judicial independiente es una pérdida irreparable para México, un retroceso histórico que nos debe preocupar a todos. Un país sin justicia independiente es un país sin futuro. Es nuestro deber alzar la voz y resistirnos a la sumisión. La defensa de la democracia es una tarea diaria, y la resignación no es una opción.