La reciente Opinión Consultiva 31/25 de la Corte IDH no es simplemente un documento legal más, sino un llamado a la acción, una hoja de ruta impostergable para la construcción de sociedades más justas e igualitarias. El reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho autónomo e independiente, con sus tres dimensiones interrelacionadas –cuidar, ser cuidado y el autocuidado–, marca un hito en la lucha por la igualdad de género y el bienestar social. Ya no podemos seguir ignorando la inmensa contribución, mayoritariamente femenina, al trabajo de cuidados no remunerado, un trabajo invisible que sostiene la vida y la economía, pero que históricamente ha sido relegado a la esfera privada y desprovisto de reconocimiento y valor.

En México, la magnitud de este desafío es abrumadora. Los datos del INEGI revelan una realidad contundente: el valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados equivale a un asombroso 26.3% del PIB. Imaginemos el impacto en nuestra economía si este trabajo, realizado mayoritariamente por mujeres, fuera debidamente reconocido y retribuido. Más aún, pensemos en el potencial de desarrollo y crecimiento que se desataría si las mujeres pudieran participar plenamente en el mercado laboral, libres de la carga desproporcionada de cuidados que hoy las limita.

La falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado no es un problema individual, sino una cuestión estructural que perpetúa la desigualdad y frena el avance de las mujeres. El hecho de que casi la mitad de las mujeres que no buscan empleo lo hagan por la falta de apoyo en el cuidado de sus hijas, hijos o personas dependientes es una prueba irrefutable de la urgencia de implementar políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado.

No se trata simplemente de "ayudar en casa", sino de compartir equitativamente la responsabilidad del cuidado, reconociéndolo como una tarea fundamental para el bienestar de toda la sociedad. Necesitamos con urgencia políticas públicas integrales que promuevan la flexibilidad laboral corresponsable, que amplíen la oferta de servicios públicos de cuidado de calidad y accesibles, y que garanticen el acceso a la seguridad social para quienes se dedican al cuidado, ya sea de manera profesional o familiar.

Pero más allá de las políticas públicas, es crucial un cambio cultural profundo que desmantele los estereotipos de género que asignan a las mujeres la responsabilidad exclusiva del cuidado. Debemos promover una nueva masculinidad, corresponsable e implicada en las tareas de cuidado, y educar a las nuevas generaciones en la igualdad y el respeto.

La Opinión Consultiva de la Corte IDH nos brinda el marco jurídico y la orientación necesaria para avanzar hacia un futuro donde el cuidado sea un derecho garantizado para todas las personas, sin discriminación. En México, tenemos la oportunidad de convertir este llamado en una realidad, construyendo un modelo social y económico más justo, equitativo y sostenible, donde el cuidado sea reconocido como el motor fundamental que es. El camino está trazado, la urgencia es evidente. Es hora de actuar.