La sombra de la manipulación electoral se cierne sobre Veracruz. En Poza Rica, la llama de la democracia parpadea ante los vientos de la imposición. Emilio Olvera Andrade, el alcalde electo por Movimiento Ciudadano, alza la voz para denunciar un presunto intento de fraude orquestado desde las altas esferas del poder estatal. La gobernadora Rocío Nahle y su operador político, Juan Javier Gómez Cazarín, son señalados como los artífices de una trama que busca arrebatarle al pueblo su decisión expresada en las urnas. "Poza Rica ya eligió", clama Olvera, un grito que resuena en las calles y se convierte en el estandarte de la resistencia ciudadana.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz ha validado la victoria de Movimiento Ciudadano, los números cantan la verdad del triunfo naranja. Sin embargo, fuertes rumores emanan del Palacio de Gobierno. Se habla de presiones a los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz para que den la espalda a la voluntad popular y reescriban la historia a conveniencia del poder. Gómez Cazarín, calificado como el "sicario político" de Nahle, es acusado de tejer la red de amenazas y coacciones que buscan doblegar la independencia judicial.

Movimiento Ciudadano se planta firme, dispuesto a librar la batalla en todos los frentes. La defensa legal será el primer escudo, llegando hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si es necesario. Pero la lucha no se limitará a los tribunales, las calles también serán escenario de la defensa del voto popular si la situación lo exige. El partido naranja ha cerrado filas en torno a Olvera, conscientes de que esta no es solo una disputa municipal, sino una prueba de fuego que definirá hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen estatal para aferrarse a sus cacicazgos.

El ascenso meteórico de Movimiento Ciudadano en Veracruz lo ha convertido en la segunda fuerza política del estado. De gobernar 18 municipios en 2021, pasó a 41 en 2025, representando a más del 17% de la población estatal y superando con creces —aproximadamente 600 mil votos— a partidos tradicionales como el PRI y el PAN. Este crecimiento, evidentemente, incomoda a quienes se creían dueños del escenario político veracruzano.

Ante este panorama, la gobernadora Rocío Nahle debería concentrar sus esfuerzos en los verdaderos problemas que aquejan a Veracruz, en lugar de interferir en el proceso electoral de Poza Rica. La violencia desborda las calles, los homicidios y las desapariciones se multiplican, el proceso electoral mismo ha estado manchado por la inseguridad, obligando al despliegue de miles de elementos federales. Casos como el de la maestra secuestrada, cuya muerte se intentó minimizar atribuyéndola a un infarto, claman por justicia y transparencia. Los pendientes se acumulan y la paciencia se agota. Si Nahle busca legitimidad, debe comenzar por gobernar, no por arrebatar.

Y mientras la tensión política se intensifica en Veracruz, en Yucatán estalla otro escándalo que salpica al PRI. Fernanda Sulub Hau ha denunciado al director del Centro de Estudios Superiores de la CTM, Luis Echeverría, por acoso sexual. Un supuesto "favor" a cambio de "agradecimiento" ha destapado una cloaca de abusos. Tras la denuncia pública de Sulub Hau, otras víctimas han comenzado a alzar la voz, tejiendo una red de testimonios que señalan a Echeverría como un depredador sexual amparado por el silencio y la impunidad. Se rumora la existencia de videos que podrían confirmar las acusaciones y hundir definitivamente al director. Tanto el PRI estatal como el nacional permanecen en silencio, una actitud que solo alimenta la indignación y la sospecha. ¿Hasta cuándo la protección a los agresores seguirá imperando sobre la justicia y la dignidad de las víctimas?

Nos vemos a las 8 por el 8 TV.