La regulación del uso de bicicletas eléctricas en la Ciudad de México marca un hito en la movilidad urbana del país, equiparándonos con potencias europeas en materia de seguridad vial. Esta legislación, aunque necesaria y aplaudida por organismos como la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), abre un nuevo capítulo que exige una planificación minuciosa y la participación de todos los actores involucrados. No se trata simplemente de restringir la circulación en banquetas y ciclopistas, sino de rediseñar el espacio público para integrar de forma segura y eficiente a estos nuevos vehículos.

Imaginemos un futuro donde la convivencia entre peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios de vehículos eléctricos sea fluida y segura. Para lograrlo, urbanistas, ingenieros y los propios usuarios deben trabajar codo a codo, diseñando rutas específicas, adaptando la infraestructura existente e implementando señalización clara y concisa. Este proceso colaborativo permitirá minimizar los riesgos inherentes a la circulación de estos vehículos, especialmente en su interacción con el transporte público y privado.

La seguridad no se limita a la prevención de accidentes. La nueva legislación también aborda la preocupante relación entre estos vehículos y la comisión de delitos. Es fundamental implementar medidas que dificulten su uso para fines ilícitos, garantizando la tranquilidad de todos los ciudadanos. La tecnología, por ejemplo, podría jugar un papel clave en el rastreo y la identificación de vehículos involucrados en actividades delictivas.

Las licencias tipo A y B para scooters y bicicletas eléctricas, según su peso, son un paso crucial hacia la ordenada circulación de estos vehículos. Lejos de ser una medida recaudatoria, como algunos podrían pensar, se trata de una herramienta para garantizar la responsabilidad y el conocimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios. La sensibilización y la educación vial serán fundamentales para el éxito de esta iniciativa. Debemos comprender que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y que el respeto a las normas beneficia a todos.

La creación de la categoría Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe) es un acierto que permitirá recopilar datos precisos sobre este tipo de transporte. Hasta ahora, la falta de cifras oficiales sobre accidentes relacionados con estos vehículos ha dificultado la toma de decisiones informadas. Contar con estadísticas confiables será esencial para evaluar la efectividad de las medidas implementadas y para ajustar las políticas públicas en función de las necesidades reales.

La experiencia con las motocicletas a gasolina nos ofrece una valiosa lección. Su crecimiento exponencial en la última década, acompañado de un aumento en los accidentes viales, ha convertido este fenómeno en un problema de salud pública de gran magnitud. Debemos aprender de los errores del pasado y aplicar las lecciones aprendidas a la regulación de los vehículos eléctricos. La meta es clara: construir una ciudad donde la movilidad sea sinónimo de seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Un futuro donde la tecnología esté al servicio del bienestar de todos los ciudadanos. El camino es largo, pero la regulación de las bicicletas eléctricas es un paso firme en la dirección correcta.