En la Comarca Lagunera, la promesa de una justicia expedita y transparente aún se siente lejana para muchos. Si bien se reconocen los esfuerzos de la nueva administración estatal y el diálogo abierto con el Colegio de Abogados, la realidad cotidiana de los laguneros que buscan justicia sigue marcada por la lentitud, la burocracia y la sombra de la corrupción. Es una lucha contra la inercia de un sistema que, a pesar de los cambios en la cúpula, arrastra vicios enquistados.

Imaginemos a una persona común, un trabajador, una madre de familia, un pequeño empresario, que necesita recurrir a la justicia. Se enfrenta a un laberinto de trámites, a la desidia de funcionarios sobrecargados y a la sospecha constante de que, sin "palancas" o recursos económicos, su caso quedará en el olvido. Esta percepción, lamentablemente, se alimenta de experiencias concretas: audiencias programadas que se retrasan horas, carpetas de investigación que no avanzan a menos que se insista, e incluso la negativa a recibir denuncias con pretextos inverosímiles. El caso del abogado al que se le negó la atención después de las 11 de la mañana, a pesar del horario oficial, es un ejemplo claro de esta realidad.

Si bien la remoción de algunos ministerios públicos acusados de irregularidades y la erradicación de los “despachos aliados” de la administración anterior son avances significativos, no son suficientes. El problema de fondo, como señala el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Covarrubias, es la descomunal carga laboral que soportan los agentes del Ministerio Público. Con hasta mil carpetas de investigación por agente, el rezago es inevitable y la tentación de la corrupción, latente. ¿Cómo puede un funcionario dar seguimiento adecuado a semejante volumen de casos? La respuesta, para muchos ciudadanos, es desalentadora: sin dinero de por medio, la justicia se convierte en una quimera.

La voluntad política de las nuevas autoridades es una ventana de oportunidad que no debe desperdiciarse. El diálogo con el Colegio de Abogados es un paso importante, pero debe traducirse en acciones concretas. No basta con buenas intenciones; se necesita una reingeniería del sistema que incluya la contratación de más personal capacitado, la mejora de la infraestructura, la implementación de incentivos laborales que desalienten la corrupción y, sobre todo, la creación de mecanismos de control ciudadano que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.

La justicia no puede ser un privilegio, sino un derecho fundamental. La ciudadanía lagunera exige un sistema judicial digno, imparcial y eficiente, que esté al servicio de todos, sin importar su condición social o económica. El camino es largo y complejo, pero la exigencia es clara: la justicia en La Laguna debe dejar de ser una promesa incumplida y convertirse en una realidad tangible. El Colegio de Abogados, los litigantes y la sociedad civil en su conjunto estarán vigilantes, esperando que las palabras se conviertan en hechos y que la justicia, finalmente, llegue a todos los rincones de la Comarca Lagunera. La esperanza, a pesar de las dificultades, se mantiene viva.