La tensión se palpaba en el aire de la calle Ejército Mexicano, en Tizayuca. Un murmullo, al principio tímido, creció hasta convertirse en un rugido colectivo. La indignación, como una chispa en un reguero de pólvora, incendió los ánimos de los vecinos. Un hombre, acusado de intentar atraer a menores con dulces y dinero, se encontraba en el centro de la tormenta. La sombra del canal oscuro, el lugar donde presuntamente despojó a los niños de sus ropas y les tomó fotografías, se cernía sobre él como una premonición. El relato de uno de los pequeños, que logró escapar y alertar a su familia, fue la mecha que detonó la furia contenida.

La escena se transformó en un cuadro dantesco. Puños cerrados, rostros desencajados por la ira, gritos que demandaban justicia. El presunto delincuente, atrapado entre la multitud enfurecida, se convirtió en el blanco de la frustración acumulada. Los golpes, como una lluvia torrencial, se abatían sobre él. El intento de linchamiento, una respuesta visceral al miedo y a la impotencia, parecía inminente.

La llegada de la policía municipal, como un faro en medio de la tempestad, trajo consigo un tenue rayo de esperanza. Los agentes, escudos en alto, se interpusieron entre la turba y el acusado. Minutos que parecieron eternos, un diálogo tenso entre la ley y la justicia popular. Finalmente, tras una ardua negociación, los ánimos se aplacaron. El presunto delincuente fue rescatado de las garras de la multitud y puesto a disposición del Ministerio Público. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió la carpeta de investigación correspondiente, un paso crucial para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.

Este caso, sin embargo, no es un hecho aislado. Un manto de inquietud se extiende sobre Hidalgo. Doce intentos de linchamiento se han registrado en lo que va del año, principalmente en los municipios del Valle del Mezquital y de la Huasteca. Las autoridades municipales, en una carrera contra reloj, han logrado impedir que estos episodios de violencia colectiva terminen en tragedia. Sin embargo, la impunidad parece reinar. Ninguna persona ha sido aprehendida en relación con estos sucesos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha puesto el dedo en la llaga. Hidalgo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos de violencia colectiva desde 2015. Una cifra alarmante que nos obliga a reflexionar sobre las causas que subyacen a esta problemática. La desconfianza en las instituciones, la falta de acceso a la justicia y la sensación de impunidad son caldo de cultivo para la justicia por mano propia. El caso de Metepec, en 2018, donde dos personas fueron asesinadas tras ser acusadas de ser presuntos delincuentes, y por el cual solo una persona fue detenida, permanece como una herida abierta en la memoria colectiva. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir estos actos? ¿Cómo podemos fortalecer el tejido social y garantizar el acceso a la justicia para todos? Estas son preguntas cruciales que exigen respuestas urgentes. El futuro de Hidalgo, y del país, depende de ello.