La necesidad de una Ley General de Infraestructura para el Bienestar se ha convertido en un tema crucial en el panorama nacional mexicano. Más allá de la construcción de carreteras, hospitales o sistemas de transporte, la infraestructura debe ser entendida como un servicio fundamental para el desarrollo social y económico del país. El Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, puso de manifiesto la urgencia de un marco jurídico sólido que impulse la inversión y garantice que los proyectos de infraestructura se traduzcan en un bienestar tangible para la ciudadanía.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, impulsor de esta iniciativa, ha señalado la insuficiencia del presupuesto estatal para cubrir las crecientes necesidades de infraestructura en México. La magnitud de las carencias en conectividad, movilidad, energía y servicios públicos exige la implementación de esquemas de coinversión público-privada que permitan multiplicar los recursos, compartir los riesgos y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional. No se trata simplemente de construir obra física, sino de crear un servicio que garantice derechos, mejore la competitividad y promueva el desarrollo social. Un hospital sin acceso para la comunidad a la que sirve, una carretera que no conecta adecuadamente a las poblaciones o un sistema de transporte ineficiente, pierden su razón de ser.

La transición energética también ocupa un lugar central en este debate. Las recientes reformas en materia energética han abierto la puerta a un modelo más limpio y soberano, capaz de sostener el crecimiento económico y la justicia social. Sin embargo, esta transición no puede llevarse a cabo sin una infraestructura robusta que la soporte. La energía es el motor que impulsa el desarrollo, y la infraestructura es el canal que la distribuye y la hace accesible a todos. Es fundamental, por tanto, que ambos elementos trabajen en sinergia para garantizar un bienestar integral.

La planeación a largo plazo es otro aspecto crucial. Los proyectos de infraestructura deben trascender las administraciones y las coyunturas políticas, garantizando beneficios tangibles a la sociedad a lo largo del tiempo. Esto requiere reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos de rendición de cuentas que aseguren que la participación privada contribuya al desarrollo nacional sin comprometer el interés público.

La descentralización de los beneficios de la infraestructura es una demanda social ineludible. No se puede permitir que los proyectos se concentren únicamente en las grandes ciudades, dejando de lado a las comunidades rurales y las zonas marginadas. La infraestructura debe ser un instrumento de equidad que contribuya a reducir la brecha entre las diferentes regiones del país. Es necesario, por lo tanto, priorizar proyectos que lleven servicios básicos, conectividad y oportunidades a las zonas más desfavorecidas, impulsando su desarrollo y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

La presencia de figuras clave del sector público y privado, como Miguel Sergio Silíceo Valdespino, de la SHCP, Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex, y Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, refleja la importancia de este debate y la necesidad de un consenso entre los diferentes actores involucrados para construir un México con una infraestructura moderna, eficiente y al servicio del bienestar de todos sus ciudadanos. La Ley General de Infraestructura para el Bienestar se presenta, pues, como una oportunidad histórica para transformar la realidad del país, movilizar recursos, atraer inversión, fortalecer la transición energética y, sobre todo, colocar a la ciudadanía en el centro de la política de infraestructura.