Tras el cierre de actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 19 de agosto de 2025, se abre un nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial mexicano. Las palabras de la ministra presidenta resonarán en los análisis venideros: "la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quien hemos juzgado". Sin embargo, la evaluación de la justicia no puede esperar el veredicto de la historia. La Constitución nos brinda las herramientas para un escrutinio constante y riguroso del desempeño judicial.

El Tribunal de Disciplina Judicial, desde el primer año de gestión de las nuevas magistradas y magistrados, juezas y jueces, tiene la responsabilidad de evaluar su desempeño. Esto marca un hito fundamental en la búsqueda de una justicia más eficaz. Ya no tendremos que esperar años para valorar la calidad de las decisiones judiciales. La evaluación continua permitirá identificar áreas de mejora y corregir el rumbo de manera oportuna.

Es crucial que estos procesos de evaluación se realicen con absoluta imparcialidad y objetividad, blindados contra cualquier tipo de presión política o externa. La independencia judicial es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático y cualquier intento de interferir en la evaluación de las y los juzgadores socava la confianza ciudadana en las instituciones. La autonomía del Tribunal de Disciplina Judicial debe ser una garantía inquebrantable.

El nuevo esquema de evaluación, con sus medidas correctivas y sancionadoras, que van desde la capacitación hasta la posible destitución, ofrece una oportunidad única para elevar los estándares de calidad en la impartición de justicia. La posibilidad de suspensión y posterior destitución, si no se cumplen los criterios de evaluación, es una herramienta poderosa que debe utilizarse con responsabilidad y apego a la ley.

La evaluación no debe ser percibida como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento profesional. Un sistema de evaluación transparente, basado en indicadores objetivos, permitirá identificar las fortalezas y debilidades del sistema judicial. No basta con la simple estadística; es necesario un análisis cualitativo de las sentencias, que considere los argumentos jurídicos, la aplicación de la ley y el impacto en la sociedad.

La justicia, como cualquier otra actividad humana, requiere de una constante revisión y mejora. La evaluación periódica es esencial para garantizar la excelencia y el profesionalismo en el ámbito judicial. Una justicia que no se evalúa, se estanca, se aleja de las necesidades de la ciudadanía y, en última instancia, pierde su valor. El futuro del Poder Judicial mexicano depende, en gran medida, de la eficacia y transparencia de estos mecanismos de evaluación. Es un compromiso con la sociedad, con la justicia y con el Estado de Derecho. La evaluación no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una justicia más justa, eficiente y accesible para todos. Es, en definitiva, una inversión en el futuro de nuestro país.