Hablar de pobreza es adentrarse en un territorio complejo y doloroso, donde las palabras a menudo se quedan cortas. No se trata solo de una cifra, de una línea que separa a quienes “tienen” de quienes “no tienen”. La pobreza es una realidad multifacética, un entramado de carencias que limitan el desarrollo humano en todas sus dimensiones. No es un accidente, es una construcción social, un resultado –sí, evitable– del sistema que hemos creado y que, por lo tanto, podemos transformar.

Y para transformar, primero hay que comprender. Por eso, a raíz de los nuevos datos del INEGI sobre la medición de la pobreza multidimensional en 2024, es crucial retomar lo fundamental: ¿qué significa carencia social? Y más específicamente, ¿qué implica la carencia por rezago educativo?

La pobreza multidimensional nos recuerda que la insuficiencia de ingresos no es el único indicador. Una persona puede ser considerada pobre no solo porque no le alcance para cubrir sus necesidades básicas –alimentación, vivienda, vestido–, sino también porque carece del acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad social, una alimentación nutritiva y servicios básicos en la vivienda. Estas ausencias, estas carencias sociales, son las que dibujan un panorama de privación que va mucho más allá de lo económico.

Imaginemos por un momento la angustia de no saber si habrá suficiente comida en la mesa mañana, la desesperación de no poder acceder a atención médica cuando se necesita, la incertidumbre de vivir bajo un techo precario, la impotencia de no poder brindarles a nuestros hijos las oportunidades que merecen. Esa es la realidad de 38.5 millones de personas en México, quienes subsisten con menos de $3,334 pesos al mes en zonas rurales y $4,640 en zonas urbanas (cifras de cierre de 2024). No se trata de vivir, sino de sobrevivir, de resistir día a día en un contexto de precariedad constante.

Dentro de este panorama desolador, el rezago educativo se erige como una de las carencias más significativas. No haber concluido la educación obligatoria –primaria para los nacidos antes de 1982, secundaria para quienes nacieron entre 1982 y 1997, y media superior para los nacidos a partir de 1998– cierra puertas, limita las posibilidades y perpetúa el ciclo de la pobreza.

Si bien es cierto que un certificado no garantiza aprendizajes sólidos ni un empleo inmediato, sí se convierte en un requisito fundamental, en una llave de acceso al mercado laboral. En un mundo donde las oportunidades son escasas y la competencia es feroz, contar con ese documento que acredita la culminación de la educación obligatoria puede marcar la diferencia. Es una señal, una mínima garantía para el empleador, de que la persona ha alcanzado un nivel básico de formación.

La importancia de la educación, sin embargo, trasciende su valor instrumental como herramienta para acceder al empleo. La educación es, ante todo, un derecho humano, un motor de desarrollo personal y social, un camino hacia la libertad y la autonomía. Nos permite comprender el mundo que nos rodea, formar nuestro propio criterio, participar activamente en la sociedad y construir un futuro mejor para nosotros y para las futuras generaciones.

En México, la deuda en materia educativa es abrumadora. 24.3 millones de personas viven con rezago educativo, una cifra que nos interpela como sociedad. Mientras que en las zonas urbanas el porcentaje se mantiene en 14.8%, en las zonas rurales asciende al 32.2%, revelando la profunda desigualdad que persiste en nuestro país. Estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán enfrentan una situación particularmente crítica, con casi 3 de cada 10 personas sin la educación obligatoria.

Estos números, aunque fríos e impersonales, representan historias de vida, sueños truncados, potencial desperdiciado. Medir la pobreza, visibilizar estas carencias, es el primer paso para asumir la responsabilidad que tenemos como sociedad. Garantizar el acceso a la educación, al menos a la educación obligatoria, es brindar la oportunidad de tener más oportunidades, de romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro más justo e igualitario. 24.3 millones de personas, cada una de ellas, merecen que sigamos trabajando, que sigamos midiendo, que sigamos exigiendo que la educación sea una prioridad. Porque la educación, sin duda, importa.