La eficiencia en seguridad pública, un tema complejo que va más allá de las simples cifras de detenidos. Si bien la cantidad de personas aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público es un indicador utilizado a nivel internacional, reducir la eficacia de las instituciones de seguridad a este único dato resulta, cuando menos, simplista. El reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025, que compila datos de 2024, nos ofrece una visión más profunda, aunque preocupante, de la situación.

Un análisis detallado del presupuesto invertido por las instituciones estatales de seguridad pública revela una cifra alarmante: más de un millón de pesos ($1,006,737) por cada detenido. Esta cifra, resultado de dividir el presupuesto total entre el número de detenidos, confirma una tendencia creciente observada en años anteriores. Si sumamos a esto los recursos destinados a la Guardia Nacional (GN) y sus detenciones, el costo por persona aprehendida se eleva aún más, superando el millón de pesos. Al centrarnos únicamente en el presupuesto y las detenciones de la GN, el gasto por detenido alcanza la impactante cifra de 6 millones 208 mil pesos. Si bien esta cantidad es menor a la registrada en 2023, sigue siendo desproporcionada.

Es evidente que la eficiencia en seguridad no se mide únicamente por el número de detenciones. Un dato crucial para evaluar la eficacia policial es el número de detenidos por cada elemento. En 2024, Aguascalientes lideró la eficiencia con 6.2 detenidos por policía, mientras que Guerrero se ubicó en el extremo opuesto, necesitando 13.5 policías para una sola detención. La GN presenta un panorama aún más preocupante: se requirieron 23.7 guardias nacionales para aprehender a una persona. Estos datos revelan una profunda disparidad en la eficiencia policial entre las distintas entidades federativas y la necesidad de una revisión exhaustiva de las estrategias implementadas.

El aseguramiento de armas de fuego, otro indicador relevante, también presenta contrastes. Baja California Sur, con menos elementos policiales, aseguró menos armas que el Estado de México, que cuenta con una fuerza policial significativamente mayor. Esto plantea la interrogante de si la cantidad de armas aseguradas es un reflejo directo de la eficiencia o si existen otros factores, como la disponibilidad de armamento en cada región, que influyen en estas cifras. Además, contrario a lo que se podría pensar, los estados fronterizos con Estados Unidos no registraron el mayor número de aseguramientos de armas, siendo superados por entidades como Guerrero y Chiapas.

La disminución en el número total de armas aseguradas en 2024, en comparación con años anteriores, es otro dato que merece atención. Si bien las cifras pueden estar sujetas a diversas interpretaciones, la tendencia a la baja plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de control de armas y la posible evolución del mercado ilegal de armamento.

En definitiva, los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública 2025 nos invitan a una reflexión profunda sobre la eficiencia de las instituciones de seguridad en México. Más allá de las cifras de detenidos, es crucial analizar la inversión de recursos, la eficacia de las estrategias implementadas y la compleja realidad del fenómeno delictivo en cada región. Solo un análisis integral y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia podrán conducirnos hacia un sistema de seguridad más eficiente y efectivo. La seguridad es un tema demasiado importante para reducirlo a simples números.