La reciente migración de un grupo de chiapanecos hacia la aldea guatemalteca de Guailá ha generado una ola de especulaciones y desinformación. Sin embargo, el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, ha aclarado la situación, desmintiendo categóricamente las versiones que hablan de un desplazamiento forzado. Según sus declaraciones, este traslado se debe a una decisión voluntaria de los chiapanecos para reunirse con sus familiares en Guailá.

La cuestión radica en que estos familiares están vinculados a actividades delictivas y son objeto de investigaciones en Chiapas. De hecho, Llaven Abarca confirmó la existencia de más de 50 órdenes de aprehensión vigentes en su contra, lo que explicaría la motivación de los chiapanecos para cruzar la frontera. “Ellos mismos, de manera voluntaria, están yéndose hacia Guailá porque allá están sus familiares que tienen problemas con la ley, que tienen investigaciones y carpetas aquí abiertas con nosotros”, afirmó el Fiscal en una entrevista concedida a Lupita Juárez para Heraldo Noticias.

Lejos de tratarse de un éxodo provocado por la violencia o la inseguridad, este movimiento migratorio parece estar motivado por lazos familiares y la búsqueda de refugio ante la justicia chiapaneca. Esta aclaración es crucial para comprender la complejidad de la situación y evitar la propagación de noticias falsas que puedan generar alarma social.

Las autoridades chiapanecas, conscientes de la gravedad de los delitos cometidos por los familiares de estos migrantes, no han permanecido inactivas. Llaven Abarca aseguró que ya se ha establecido contacto con las autoridades guatemaltecas para coordinar esfuerzos y lograr la detención de estos individuos. Además, se ha solicitado la emisión de fichas rojas a través de la Interpol, lo que demuestra la firmeza y el compromiso del gobierno de Chiapas en la persecución de la delincuencia.

Es importante recordar que Chiapas, entre 2020 y 2024, atravesó por un periodo de intensa violencia, marcado por la presencia de grupos criminales que ejercían control sobre poblaciones enteras, restringiendo libertades fundamentales como el libre tránsito y la movilidad. Esta situación, según el Fiscal, se vio agravada por la inacción de las autoridades previas.

Sin embargo, el panorama ha cambiado significativamente en los últimos ocho meses, tras la llegada del gobernador Eduardo Ramírez. Su gestión ha priorizado el refuerzo de la seguridad en el territorio chiapaneco, lo que ha permitido recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar el libre tránsito. “Se ha recobrado la confianza de la ciudadanía, el libre tránsito está garantizado, han vuelto los niños a clases, ya están abiertas las escuelas, así también el sistema de salud ya se ha recuperado, se ha restablecido todas las clínicas que estaban tomadas por los grupos criminales hace más de un año”, declaró Llaven Abarca.

La reapertura de escuelas y centros de salud, anteriormente controlados por grupos criminales, es un claro indicador del avance en materia de seguridad. El retorno de la normalidad a la vida cotidiana de los chiapanecos es un logro significativo que no debe ser subestimado.

En conclusión, la migración de este grupo de chiapanecos a Guailá no es un desplazamiento forzado, sino una decisión personal motivada por la reunificación familiar. Si bien sus familiares son buscados por la justicia, la situación en Chiapas ha mejorado notablemente en los últimos meses gracias a las acciones del gobierno actual. La colaboración entre las autoridades de Chiapas y Guatemala será clave para llevar ante la justicia a los responsables de los delitos cometidos y garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.