El debate en torno a la supuesta colaboración entre el gobierno mexicano y la DEA en el Operativo Portero continúa generando controversia. Mientras la Senadora Viggiano y el Diputado Döring insisten en la existencia de un acuerdo secreto, y lo vinculan a una supuesta protección a narcotraficantes e incluso al temor de revelaciones por parte de capos extraditados, el vocero de Morena, Arturo Ávila, niega categóricamente tal acuerdo, enfatizando la colaboración, pero no la subordinación, entre ambos países en la lucha contra el fentanilo. Esta divergencia de opiniones refleja la polarización política que rodea el tema de la seguridad y la relación con Estados Unidos.

La Senadora Viggiano ha lanzado una acusación grave al afirmar que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, obedece órdenes del gobierno estadounidense, a pesar de su discurso nacionalista. Esta acusación, de ser cierta, tendría implicaciones significativas en la soberanía nacional y en la percepción de la política exterior mexicana. Sin embargo, la Senadora no ha presentado pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones.

Por otro lado, la defensa de Ávila se centra en la idea de una colaboración respetuosa entre México y Estados Unidos, enmarcada en la lucha contra una crisis de fentanilo que, según él, se origina en las farmacéuticas norteamericanas. Este argumento busca desviar la atención de la supuesta subordinación a la DEA y presentar a México como un socio activo en la lucha contra el narcotráfico.

El Diputado Döring cuestiona la versión oficial al señalar la falta de un desmentido público por parte de la cancillería y la ausencia de una reacción inmediata del gobierno mexicano ante las declaraciones de la DEA. Este silencio, según Döring, alimenta la sospecha de un acuerdo oculto y refuerza la idea de un gobierno temeroso de las posibles revelaciones de los capos extraditados. La mención del criminal chino y el lavado de dinero para el Cartel del Golfo añade otra capa de complejidad al debate, sugiriendo la existencia de redes criminales internacionales que operan con impunidad.

La preocupación de Viggiano sobre las cuentas pendientes de los capos extraditados con la justicia mexicana es un punto relevante. La extradición, si bien es una herramienta importante en la lucha contra el crimen transnacional, no debe eximir a los criminales de responder por sus delitos cometidos en territorio nacional. La falta de claridad sobre los acuerdos de extradición y las posibles concesiones hechas a Estados Unidos genera desconfianza y alimenta la especulación.

Mientras tanto, la encuesta de Question Mark, citada por Ávila, muestra una alta aprobación de la gestión de Claudia Sheinbaum. Este dato, si bien relevante, no desestima las acusaciones de la oposición. La popularidad de una figura política no la exime de rendir cuentas ni de responder a las interrogantes sobre su gestión.

Finalmente, la afirmación de Döring sobre el carácter propagandístico del combate al crimen organizado refleja la percepción de una parte de la sociedad que considera que las acciones del gobierno se centran más en la imagen que en resultados concretos. La mención de las operaciones de lavado de dinero desde las cárceles es una denuncia grave que requiere una investigación a fondo y medidas contundentes para erradicar esta práctica.

En conclusión, el debate sobre el Operativo Portero y la supuesta colaboración con la DEA pone de manifiesto la complejidad de la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de transparencia en las acciones del gobierno. La polarización política dificulta el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas, mientras que la ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas para combatir la inseguridad y la impunidad.