Se avecina un periodo crucial para el futuro de México. Desde septiembre y hasta diciembre, con continuación en febrero de 2026, el Congreso de la Unión se enfrentará a una agenda legislativa de gran envergadura, una verdadera prueba de fuego para la capacidad de nuestras y nuestros representantes de dar respuesta a las demandas ciudadanas y, al mismo tiempo, consolidar el proyecto de transformación que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablamos de una hoja de ruta que prioriza la justicia social, la seguridad, la salud y la defensa de los derechos fundamentales, pilares esenciales para la construcción de un México más justo y equitativo.

Cada debate, cada voto, cada iniciativa que se presente en el Pleno será un reflejo del compromiso político con el pueblo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, será objeto de modificaciones para agilizar los procesos judiciales y fortalecer la eficacia de nuestras instituciones. En paralelo, se trabajará en cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, una herramienta indispensable para combatir a las redes criminales que amenazan la seguridad de las familias mexicanas. No podemos olvidar la modernización de la Ley de Amparo, garantía fundamental para la protección de los derechos ciudadanos, ni la crucial discusión de la Ley contra la Extorsión, una respuesta directa a un problema que afecta profundamente a comerciantes y comunidades enteras.

La salud pública también ocupa un lugar central en esta ambiciosa agenda. Se impulsarán reformas integrales a la Ley General de Salud para regular el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros productos nocivos, protegiendo así la salud de la población, especialmente de las y los jóvenes. Además, se abordará la Ley General de Bienestar Animal, una iniciativa que coloca a México a la vanguardia en la protección de los seres vivos y refleja nuestro compromiso con un futuro más sostenible y compasivo.

El reto no termina ahí. El Congreso tiene la obligación de aprobar leyes reglamentarias derivadas de recientes reformas constitucionales, con plazos que vencen entre marzo y abril de 2026. Esto implica un trabajo intenso y coordinado para legislar en temas de gran trascendencia, como la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la igualdad sustantiva con perspectiva de género, la consolidación de programas sociales y la defensa de nuestra soberanía nacional mediante la protección de los maíces nativos y la autosuficiencia alimentaria y energética.

A este panorama se suma la presentación del Paquete Económico 2026 por parte del Ejecutivo el próximo 8 de septiembre. El Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal serán piezas clave para definir las prioridades de gasto del próximo año, un proceso que ocupará gran parte del calendario legislativo entre octubre y diciembre.

En este contexto, el Grupo Parlamentario de Morena asume un rol protagónico. Su misión es dotar a la agenda legislativa de un sentido profundo: la construcción de un México que honre a su pueblo, que cierre las heridas de la desigualdad y que consolide el segundo piso de la Cuarta Transformación. El trabajo legislativo que se avecina exige un esfuerzo titánico, un compromiso inquebrantable y la capacidad de construir consensos. El Congreso tiene ante sí una oportunidad histórica: demostrar que la política puede ser un instrumento eficaz para saldar las deudas con la ciudadanía y dejar un legado de justicia y prosperidad. Esta agenda legislativa es un manifiesto de esperanza, un compromiso con el futuro de México. Gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, este sueño se está cristalizando.