La sombra de la tragedia se cierne sobre los gimnasios de la Ciudad de México. En poco más de un año, siete vidas se han apagado súbitamente en estos espacios dedicados al cuidado de la salud. Un cruel paradoja que nos obliga a preguntarnos: ¿qué falla? La respuesta, lamentablemente, se encuentra en la ausencia de protocolos de seguridad y atención médica básica. Imaginen la angustia de quienes presenciaron estos eventos, impotentes ante la falta de un desfibrilador, de personal capacitado para brindar los primeros auxilios, de un simple botiquín. Minutos que se convierten en una eternidad, mientras la vida se escapa entre las manos.

Estos casos, lejos de ser aislados, revelan una preocupante realidad: la falta de regulación en los centros deportivos de la capital. Miles de personas se ejercitan a diario sin la garantía de una atención inmediata en caso de emergencia. Firman exenciones de responsabilidad, como si con un papel se pudiera eludir la obligación de proteger la vida. La salud no es un trámite, es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Y este derecho está siendo vulnerado por la omisión legislativa.

La industria fitness está en pleno auge. Gimnasios, estudios de entrenamiento funcional, academias de artes marciales… la oferta es amplia y variada. El INEGI estima que cerca del 20% de la población urbana acude regularmente a estos espacios, lo que se traduce en miles de personas expuestas a riesgos innecesarios. Entrenamientos cada vez más intensos, sin la supervisión adecuada y sin los recursos mínimos para atender una emergencia, se convierten en una potencial amenaza.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. La iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles es un paso crucial para corregir esta grave omisión. Obligar a los centros deportivos a contar con personal certificado en primeros auxilios, un botiquín debidamente equipado, señalización clara de los protocolos de emergencia y, fundamentalmente, un desfibrilador externo automático (DEA), no es una carga excesiva, sino una medida mínima de seguridad.

Experiencias en otros países, como España, Estados Unidos o Japón, demuestran la eficacia de estas medidas. La implementación de protocolos de atención de emergencias y la disponibilidad de DEAs han reducido las muertes súbitas en gimnasios hasta en un 60%. Cifras que hablan por sí solas y que nos interpelan a actuar con responsabilidad.

Es previsible que la iniciativa encuentre resistencias. El argumento de los costos adicionales será, sin duda, la principal objeción. Pero, ¿qué precio tiene una vida? Frente a la pérdida irreparable, cualquier costo económico se torna insignificante.

El Congreso de la Ciudad de México tiene la oportunidad de marcar un antes y un después en la protección de la salud de los ciudadanos. Legislar es prever, y en este caso, prever significa evitar que un paro cardíaco en un gimnasio se convierta en una sentencia de muerte. Es hora de actuar. La salud y la vida de miles de personas dependen de ello.