La maquinaria legislativa vuelve a ponerse en marcha y Morena, desde la Cámara de Diputados, ha desvelado su ambicioso plan de trabajo para el próximo periodo de sesiones. Un documento que no solo marca el ritmo del trabajo legislativo, sino que también refleja las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum. A pocas horas de la reunión entre líderes del Congreso y la jefa de Gobierno, la presentación de esta agenda adquiere una relevancia aún mayor, delineando una estrecha colaboración entre ambos poderes.

Este plan de trabajo, estructurado en tres bloques principales, nos da una idea clara de los retos y objetivos que se plantean. El primer bloque, y quizás el más significativo, se centra en la atención a las iniciativas enviadas por la presidenta Sheinbaum. Se trata de un conjunto de propuestas legislativas que buscan concretar las promesas de campaña y consolidar el proyecto de transformación. La reforma al artículo 73, que ya ha dado sus primeros pasos en la Comisión de Puntos Constitucionales, ejemplifica la importancia de estas iniciativas. Dar al Congreso la facultad de legislar en materia de extorsión es un paso crucial para combatir este flagelo que afecta a tantos mexicanos. Pero la agenda no se detiene ahí, se vislumbran reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, actualmente en análisis en el Senado, que prometen modernizar el sistema judicial y garantizar un acceso más justo a la justicia.

Más allá de las iniciativas ya presentadas, la expectativa se centra en las futuras propuestas presidenciales. Una reforma a la Ley de Amparo, crucial para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, otra a la Ley General de Salud, para ajustarla a la prohibición de vapeadores y proteger la salud pública, y una más a la Ley Aduanera, con el objetivo de reforzar el combate al contrabando y al fraude fiscal, son solo algunos de los temas que se esperan con gran interés. Estas reformas, aún en proceso de elaboración, prometen un profundo impacto en la vida de los mexicanos.

El segundo bloque de la agenda se centra en la economía, con el Paquete 2026 como protagonista indiscutible. Las fechas límite ya están marcadas en el calendario: el 8 de septiembre para la entrega del proyecto por parte de la presidenta, el 20 de octubre para la aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, el 31 de octubre para la aprobación en el Senado y, finalmente, el 15 de noviembre para la definición del Presupuesto de Egresos en San Lázaro. Un cronograma preciso que demuestra la importancia de este proceso para la estabilidad y el desarrollo del país.

El tercer bloque, no menos importante, se enfoca en la armonización de las reformas constitucionales aprobadas en meses recientes. De un total de 19 reformas, seis ya han sido armonizadas y dos no requieren legislación secundaria. Restan once, abarcando temas cruciales como pueblos indígenas y afromexicanos, igualdad de género, pensiones de bienestar, vivienda para trabajadores, protección animal, prisión preventiva, salud, maíces nativos, no reelección, nepotismo electoral y soberanía nacional. Una amplia gama de temas que reflejan la complejidad del panorama legislativo y la voluntad de abordar las demandas sociales más apremiantes.

Los plazos, ya establecidos, marcan el ritmo de trabajo. El 29 de marzo de 2025 para la nueva Ley General en materia indígena y afromexicana, el 29 de abril para los ajustes en sectores estratégicos como energía e hidrocarburos, y el 15 de mayo para las adecuaciones relacionadas con igualdad sustantiva y género, son fechas clave que deberemos seguir de cerca. En definitiva, la agenda legislativa de Morena se presenta como un ambicioso proyecto que buscará consolidar las transformaciones en marcha y responder a los retos que enfrenta el país. Un periodo de sesiones que promete ser intenso y cuyos resultados impactarán directamente en la vida de todos los mexicanos.