La sombra de la austeridad se cierne sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la aprobación de un presupuesto para 2026 que ha generado una profunda división entre sus consejeros. Si bien la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, defiende la propuesta como una medida necesaria de "austeridad republicana" y preparación para las elecciones de 2027, las voces críticas dentro del instituto alertan sobre recortes drásticos que podrían comprometer funciones esenciales y el ejercicio de derechos fundamentales.

El presupuesto, que asciende a poco más de 25 mil millones de pesos –incluyendo el financiamiento a partidos políticos–, ha sido calificado por algunos consejeros como insuficiente e incluso preocupante. La consejera Carla Humphrey expresó su inquietud por la falta de claridad en rubros marcados con cero recursos, como el voto anticipado y el voto de personas en prisión preventiva o en el extranjero para consultas populares. La preocupación se extiende también a la Unidad de Género y Discriminación, que quedaría prácticamente desmantelada con la asignación presupuestal propuesta.

La consejera Dania Ravel se sumó a las voces de alarma, enfatizando la gravedad de que se recorten recursos destinados a garantizar el ejercicio de derechos humanos para grupos vulnerables, como las personas en prisión preventiva o con problemas de salud que les impiden acudir a las urnas. Esta situación, advierten, podría representar un retroceso significativo en la inclusión electoral y la garantía de la participación ciudadana.

La discusión en torno al presupuesto del INE para 2026 no se limita a la preocupación por la falta de recursos en áreas específicas. La consejera Claudia Zavala señaló recortes millonarios en rubros cruciales como las acciones para la igualdad y no discriminación, que pasarían de 8 millones de pesos en 2025 a tan solo 2 millones para el próximo año. Este tipo de reducciones, argumentan los consejeros críticos, ponen en riesgo la capacidad del instituto para llevar a cabo sus funciones con la eficacia y la imparcialidad que le corresponden.

A pesar de las fuertes objeciones y las advertencias sobre las posibles consecuencias negativas de los recortes, el proyecto de presupuesto fue aprobado y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. La controversia generada por este presupuesto pone de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de austeridad y la importancia de garantizar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del INE y la protección del derecho al voto. La discusión que se avecina en la Cámara de Diputados promete ser intensa, y el futuro del INE y de la democracia mexicana podría depender en gran medida del resultado de la misma. ¿Será la austeridad un obstáculo para la democracia o una oportunidad para optimizar los recursos públicos? El tiempo lo dirá.