Se acerca el ocaso de una era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los ecos de los debates que han resonado en sus muros durante los últimos meses se desvanecen, dando paso a un silencio preñado de expectativa. A los ministros, guardianes de la justicia constitucional, les restan apenas trece días de labor, un suspiro en el tiempo judicial. Este martes, posiblemente, sea la última vez que sus voces se entrelacen en el salón del Pleno, un espacio que ha sido testigo de intensas deliberaciones y decisiones trascendentales para el devenir del país.

La sesión extraordinaria de este martes se centrará exclusivamente en asuntos electorales, un tema crucial en la vida democrática de México. Dos acciones de inconstitucionalidad, presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Ejecutivo Federal, serán el eje de la discusión. Ambas acciones cuestionan una modificación a la Constitución de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial, un tema que ha generado controversia y que ahora llega a la instancia máxima de justicia del país.

La lupa de la SCJN se posará sobre la permanencia de juzgadores yucatecos hasta 2036, e incluso hasta 2042, una medida que se justifica bajo el principio de "inamovilidad" de los jueces. Sin embargo, la CNDH argumenta que esta prolongación de mandatos podría afectar la independencia judicial y la renovación de cuadros en el sistema de justicia yucateco. Además, la Comisión ha expresado su preocupación por el artículo 70 del decreto que reformó la Constitución estatal, específicamente en lo referente a la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Según la CNDH, el Congreso yucateco modificó las reglas para la designación de la presidencia de este tribunal sin un sustento constitucional sólido, alejandose del espíritu de la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024.

La sombra de la incertidumbre se cierne sobre la designación de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Se ha vulnerado el principio de división de poderes? ¿Se ha respetado la autonomía del Poder Judicial? Estas son algunas de las preguntas que resonarán en el salón del Pleno. Los ministros tendrán la ardua tarea de analizar las diferentes perspectivas y emitir un fallo que defienda la Constitución y garantice el equilibrio de poderes.

Además de la controversia yucateca, la SCJN también abordará cinco asuntos relacionados con los resultados de la elección para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La integridad del proceso electoral y la legitimidad de los magistrados electos son temas sensibles que requieren una cuidadosa deliberación. La SCJN, como garante de la legalidad electoral, tiene la responsabilidad de velar por la transparencia y la imparcialidad de los comicios.

Una vez concluidos estos temas electorales, se cerrará un capítulo en la historia de la SCJN. Los actuales ministros no volverán a debatir en público, marcando un hito en la justicia mexicana. Si este martes es efectivamente la última sesión, quedará grabado en los anales de la historia como un día de profunda significación para el sistema judicial del país. La expectativa es palpable. El país observa con atención el desenlace de este proceso. El futuro de la justicia mexicana está en juego.

La acción de inconstitucionalidad 44/2025 y su acumulada 45/2025, promovidas por la CNDH y el Ejecutivo Federal, representan un desafío para la SCJN. La compleja trama legal y política que rodea a estas acciones requiere un análisis exhaustivo y una interpretación rigurosa de la Constitución. Los ministros, con su experiencia y conocimiento jurídico, tendrán la responsabilidad de dirimir la controversia y sentar un precedente para futuros casos. El tiempo apremia, y las decisiones que se tomen en estos últimos días tendrán un impacto profundo en el panorama jurídico y político de México.