La angustia se palpa en el aire. Daniel Enrique Pintor Caballero, un joven michoacano de tan solo 20 años, lucha por su vida en una cama de terapia intensiva en Praga. Lo que prometía ser una enriquecedora experiencia en un curso intensivo de inglés, parte de un programa de movilidad estudiantil del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), se ha transformado en una desgarradora pesadilla para él y su familia. El pasado 1 de julio, Daniel partió de Morelia con la maleta cargada de sueños e ilusiones. Pocos días después, la alegría se desvaneció ante la aparición de fuertes dolores de cabeza, fiebre y vómitos que lo obligaron a ingresar de urgencia a un hospital. El diagnóstico, como un mazazo: meningococo. Una bacteria implacable que, al no ser detectada a tiempo, se propagó con virulencia, desencadenando meningitis y sepsis. Para salvar su vida, los médicos tuvieron que tomar una decisión drástica: amputarle una pierna. Y como si no fuera suficiente, ahora Daniel enfrenta una neumonía intrahospitalaria que complica aún más su delicado estado.

El peso económico de esta tragedia es abrumador. La póliza del seguro médico, insuficiente para cubrir la magnitud de la situación, se agotó el 31 de julio. Desde entonces, sus padres, con el corazón en un puño, han tenido que afrontar gastos exorbitantes que superan los cien mil dólares. Comida, hospedaje, traslados… cada centavo sale de sus bolsillos o de la solidaridad de quienes se han conmovido con la historia de Daniel, aportando donaciones que, si bien alivian, no resuelven el fondo del problema. Un silencio ensordecedor proviene de las autoridades responsables. Ni la escuela que organizó el programa, bajo la dirección de Mariana Sosa Olmeda, ni el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, han emitido pronunciamiento alguno, dejando a la familia sumida en la incertidumbre y la desesperación.

A la tragedia médica se suma la presión para repatriar a Daniel. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del consulado en Praga, mantiene comunicación con la familia, pero el secretario del Migrante michoacano, Antonio Soto Sánchez, insiste en el regreso del joven a México. Sin embargo, los médicos advierten que, en su estado actual –intubado, con soporte vital, oxígeno y en terapia intensiva–, un traslado aéreo sería una sentencia de muerte. Equivaldría a desconectarlo, a arrebatarle la última esperanza. Por esta razón, sus padres se han negado rotundamente a firmar el alta hospitalaria. No sacrificarán a su hijo por una decisión administrativa que prioriza la burocracia sobre la vida.

La vida de Daniel no puede depender de la caridad ni de la buena voluntad. Fue enviado al extranjero a través de un programa oficial, y es responsabilidad del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y de la directora del IEMSySEM, Mariana Sosa Olmeda, garantizar su seguridad, costear el tratamiento médico que necesita y acompañarlo en esta difícil batalla. Hasta el momento, Daniel ha sido abandonado a su suerte, víctima de la indolencia y la falta de compromiso de quienes deberían velar por su bienestar. Es inadmisible que el gobierno de Michoacán envíe a sus estudiantes al extranjero sin las garantías de seguridad y el respaldo médico necesarios. Programas diseñados con superficialidad, pensados más en la propaganda mediática que en el desarrollo de proyectos sólidos que impulsen y protejan a los jóvenes en cualquier circunstancia. Daniel no está solo por azar. Está solo porque las autoridades lo han abandonado, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre y dolor. ¿Hasta cuándo la indiferencia seguirá cobrando vidas? ¿Hasta cuándo las promesas vacías sustituirán a las acciones concretas? Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y brinden a Daniel el apoyo que merece. Su vida está en juego.