El sistema electoral mexicano, como un organismo vivo, ha experimentado constantes transformaciones a lo largo de su historia. Desde la trascendental reforma de 1996, que dotó al entonces IFE de una autonomía crucial para la imparcialidad electoral, hasta las más recientes modificaciones, cada cambio ha buscado reflejar las necesidades y los retos del panorama político y social del país. Recordemos la reforma del 2007, que abordó la espinosa cuestión del acceso a los medios de comunicación, buscando un equilibrio entre la necesaria presencia de los partidos políticos y la prevención de la compra indiscriminada de espacios, un factor que distorsiona la contienda democrática. Posteriormente, en 2014, la reconfiguración del sistema electoral con la creación del INE y los OPLES, junto con la introducción de la paridad de género en las candidaturas, marcó un hito en la búsqueda de una representación política más inclusiva.

Sin embargo, el camino hacia un sistema electoral óptimo es un proceso continuo. La experiencia nos demuestra que cada elección nos deja valiosas lecciones y nos revela áreas de mejora. La reciente elección del Poder Judicial Federal, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la necesidad de afinar los mecanismos que rigen este proceso. A esto se suman problemas crónicos, como la insuficiencia presupuestal que enfrentan las autoridades electorales, lo que dificulta el cumplimiento cabal de sus funciones. Fortalecer la autonomía del INE y los OPLES implica, necesariamente, garantizarles los recursos mínimos indispensables para operar con eficacia y transparencia. No se puede pretender una democracia robusta si los cimientos sobre los que se construye carecen de la solidez necesaria.

La elección federal de 2024 nos confrontó con un fenómeno novedoso: los "procesos políticos inéditos", posteriormente avalados por el Tribunal Electoral. Este tipo de situaciones, si bien pueden surgir de la dinámica política, requieren una regulación clara para evitar que se desarrollen al margen de la ley y generen incertidumbre o desconfianza en el proceso. Además, nos enfrentamos a la creciente amenaza de la desinformación y la manipulación electoral en el entorno digital. Las "fake news", las granjas de bots y el uso de la inteligencia artificial con fines electorales representan un desafío para la integridad del voto y el acceso a la información veraz. Es imperativo establecer mecanismos para sancionar estas prácticas, especialmente cuando son orquestadas por los propios partidos políticos.

El perfeccionamiento del sistema electoral no puede ser una tarea exclusiva de las autoridades o de un grupo selecto. Para fortalecer la legitimidad de las reglas del juego democrático, es esencial que todas las voces sean escuchadas. Las propuestas de las distintas fuerzas políticas, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general deben ser consideradas con seriedad. Solo a través de un diálogo incluyente y una reflexión profunda podremos construir un sistema electoral que responda a las necesidades de nuestro tiempo y garantice la vigencia de los principios democráticos. El futuro de nuestra democracia depende de la participación activa y responsable de todos. El camino hacia un sistema electoral más justo y transparente es un camino que debemos recorrer juntos.