La disminución de la pobreza en México ha abierto un debate apasionante, aunque me temo que, en lugar de un ejercicio de aprendizaje colectivo, se convertirá en un campo de batalla entre la negación y la autocomplacencia. Confío en estar equivocado, pero mientras tanto, anotemos algunas reflexiones cruciales.

El primer punto, y quizás el más sorprendente, es la contradicción flagrante con la ortodoxia económica que durante décadas pregonó las consecuencias nefastas de aumentar el salario mínimo. Según los expertos, la inflación se dispararía, la economía se desplomaría, y el remedio resultaría peor que la enfermedad. Nada de eso ocurrió. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto sobre las teorías económicas dominantes? ¿Qué nos dice sobre la capacidad de nuestra economía para absorber incrementos salariales? Es una pregunta fundamental que exige una respuesta honesta y, sobre todo, pedagógica. La ciudadanía merece entender los mecanismos que rigen su realidad económica, y este es un caso de estudio excepcional.

Y ya que hablamos de explicaciones pendientes, la tecnocracia neoliberal tiene una deuda histórica con México. El control del salario mínimo, inicialmente concebido como parte del Pacto de Solidaridad en 1987 para afrontar una crisis aguda, se perpetuó durante décadas. ¿Qué justificación existe para mantener una medida de emergencia por tanto tiempo? ¿Cuál fue el costo social de esta política? Son preguntas incómodas, pero imprescindibles para comprender nuestra trayectoria económica.

La exigencia de transparencia no se limita a un solo lado del espectro político. El sexenio pasado, caracterizado por un crecimiento económico anémico, un deterioro alarmante en el acceso a la salud y una violencia desbordada, también demanda explicaciones. ¿Cómo se llegó a ese punto? ¿Cuáles fueron las decisiones que condujeron a esos resultados? La narrativa oficial tiende a atribuir los logros a la actual administración y los fracasos a la herencia del pasado o a factores externos como la pandemia. Sin embargo, los datos oficiales invitan a un análisis más profundo, más allá de la polarización política. Las preguntas, insisto, no nacen de la malquerencia, sino de la necesidad de comprender la complejidad de nuestra realidad.

La política social, otro pilar del discurso oficial, merece una evaluación rigurosa. Su contribución a la reducción de la pobreza, aunque innegable, parece ser significativamente menor que la del aumento del ingreso laboral. A la luz de la evidencia, ¿no hay espacio para la autocrítica, para el debate constructivo sobre la eficacia de las transferencias en efectivo? Publicaciones como The Economist han cuestionado la eficiencia del gasto en estos programas, sugiriendo que benefician más al partido en el poder que a los propios beneficiarios. Más allá de la rentabilidad política, ¿es éticamente aceptable priorizar el rédito electoral sobre el bienestar social?

Finalmente, la cuestión del salario mínimo nos enfrenta a un dilema inevitable: ¿qué sigue? El margen para continuar incrementándolo se está reduciendo, y su impacto en la reducción de la pobreza tenderá a disminuir. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué estrategias complementarias se están considerando para asegurar un crecimiento económico inclusivo y sostenible? El futuro de la lucha contra la pobreza depende de la capacidad de plantear estas preguntas difíciles y de buscar respuestas honestas, más allá de la retórica política.