La angustia se palpa en el aire de Río Grande, Zacatecas. Un bebé de tan solo seis meses de edad se encuentra en el centro de una turbia trama que involucra supuestas terapias alternativas, engaños y la posible existencia de una red de adopciones ilícitas. La historia, que ha conmocionado a la comunidad y trascendido las fronteras del municipio, comenzó a tejerse con la desesperada denuncia de Guadalupe Hernández, madre biológica del menor, quien asegura haber sido víctima de una elaborada manipulación psicológica.

Hernández, a través de un desgarrador testimonio difundido en redes sociales, relata cómo dos individuos, ofreciendo servicios de “barras de acceso”, “reiki” y “constelaciones emocionales”, lograron socavar su voluntad hasta convencerla de entregar a su hijo. “Me amedrentaron psicológicamente,” declara, con la voz quebrada por la angustia. “Ellos son el vínculo, los intermediarios,” añade, señalando directamente a quienes considera responsables de su actual pesadilla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGEZ), con el Fiscal Cristian Camacho a la cabeza, ha tomado las riendas de la investigación. En declaraciones a la prensa, Camacho confirmó que la entrega del menor fue, en efecto, consentida por la madre. Sin embargo, la ausencia de registros hospitalarios y la utilización de un nombre falso para el bebé, apuntan a una clara violación del marco legal que regula las adopciones en el país. “Estamos investigando un delito,” sentenció el fiscal, enfatizando que la prioridad absoluta de la Fiscalía es el bienestar del niño.

Este caso, lamentablemente, abre la puerta a una serie de interrogantes inquietantes. ¿Cuántas madres, en situaciones de vulnerabilidad, podrían haber sido víctimas de este tipo de engaños? ¿Qué tan extendida está esta presunta red de adopciones ilícitas? ¿Qué mecanismos de control existen para prevenir este tipo de situaciones?

La investigación, que se encuentra en una fase crucial, se extiende más allá del caso específico de Guadalupe Hernández. Las autoridades buscan determinar si existen otros casos vinculados a los mismos individuos y desmantelar por completo cualquier posible red de tráfico de menores. El Fiscal Camacho advirtió que, de comprobarse el consentimiento de la madre en la entrega ilegal del bebé, se podrían iniciar acciones legales en su contra.

Este complejo entramado de terapias alternativas, manipulación psicológica y adopciones ilegales, nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la regulación y supervisión de las prácticas terapéuticas, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia. La historia de Guadalupe Hernández y su bebé es un llamado a la conciencia colectiva y un recordatorio de que la vulnerabilidad puede ser explotada de las maneras más insospechadas. La justicia, por su parte, tiene la difícil tarea de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y, sobre todo, garantizar el bienestar del menor, devolviéndole la oportunidad de crecer en un entorno seguro y amoroso. El futuro del pequeño, al igual que el esclarecimiento total de este caso, se encuentra ahora en manos de las autoridades. La sociedad zacatecana, expectante, espera respuestas.