La reciente extradición de 26 criminales a Estados Unidos marca un hito en la administración de Claudia Sheinbaum, consolidando su postura firme contra el narcotráfico. Este operativo, ejecutado con precisión quirúrgica en diversos penales federales, no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia meticulosamente orquestada, con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, a la cabeza. Harfuch, figura clave en la lucha contra el crimen organizado, ha liderado operativos que han desmantelado laboratorios clandestinos, decomisado toneladas de droga y miles de armas, asestando golpes contundentes a las estructuras del narco.

Esta acción se suma a la extradición de 29 capos en febrero, incluyendo la figura de Rafael Caro Quintero, objetivo prioritario de la DEA. La entrega de Caro Quintero, en particular, significó un parteaguas en la cooperación bilateral en materia de seguridad, abriendo una ventana de oportunidad para una relación más fluida y efectiva entre México y Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones incendiarias del presidente Trump amenazan con enturbiar este avance. Su retórica beligerante, más enfocada en la proyección de una imagen de fuerza que en la búsqueda de soluciones reales, complica la colaboración entre ambos países y pone en riesgo los logros alcanzados.

La presidenta Sheinbaum se encuentra en la compleja encrucijada de mantener la cooperación con Estados Unidos mientras responde con firmeza a las provocaciones de Trump. La defensa de la soberanía nacional es una línea roja innegociable, y la presencia del Ejército estadounidense en suelo mexicano es un escenario categóricamente descartado. Sin embargo, la realidad de la cooperación internacional en materia de seguridad es compleja, y la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, aunque políticamente delicada, es una práctica que se ha mantenido durante años.

El discurso incendiario de Trump magnifica la sensibilidad de este tema. Cualquier acción de las agencias estadounidenses, por legítima que sea, se convierte en blanco de especulaciones y alimenta la narrativa de injerencia extranjera. Sheinbaum debe navegar con cautela este campo minado, equilibrando la necesidad de cooperación con la imperiosa defensa de la soberanía y la gestión de la opinión pública.

A la presión externa se suman los desafíos internos. Las disputas políticas dentro de su propio movimiento limitan su margen de maniobra y la obligan a utilizar la defensa de la soberanía como mecanismo de cohesión. En este contexto, el discurso anti-injerencia no es solo una postura diplomática, sino también una herramienta para mantener la unidad en su gobierno.

Enfrentar el poderío económico y militar acumulado por los cárteles del narcotráfico durante décadas requiere una coordinación pragmática entre México y Estados Unidos, libre de restricciones ideológicas. La cooperación debe ser integral, incluyendo la operación de agencias estadounidenses en territorio mexicano con la autorización y supervisión del gobierno.

A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, es indispensable reconocer los avances en la lucha contra el narcotráfico. Aunque queda un largo camino por recorrer, se está avanzando en la dirección correcta. No se trata de respaldar incondicionalmente a un gobierno, sino de apoyar las estrategias que están dando resultados. En un tema tan delicado como la seguridad nacional, alinearse con la retórica errática de Trump solo agrava el problema.

La situación exige un análisis sereno y una estrategia basada en la realidad, no en la polarización. El combate al narcotráfico es una tarea compleja que requiere la suma de esfuerzos y la cooperación internacional, siempre bajo el principio irrenunciable del respeto a la soberanía nacional.