El incidente ocurrido en el Metro de la Ciudad de México la semana pasada, referente a la detención de una persona transexual por intentar abordar el vagón exclusivo para mujeres y niñas, ha desatado una polémica que exige un análisis profundo y sosegado, alejado de la inmediatez y la presión mediática. Es crucial comprender que la actuación de la oficial de policía se enmarca dentro del Reglamento del Sistema de Transporte Colectivo, que establece claramente la existencia de vagones exclusivos para mujeres, niñas y personas con discapacidad. Esta disposición no se configura como un acto discriminatorio, sino como una medida de acción afirmativa, amparada tanto por la Constitución Mexicana como por tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Es importante destacar que la CEDAW, ratificada por México, legitima las medidas especiales temporales para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. El vagón exclusivo surge como respuesta a la preocupante realidad del acoso sexual y la violencia de género en el transporte público, flagelos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. En este sentido, la medida busca brindar un espacio seguro y libre de violencia para ellas.

Desde la perspectiva del control de convencionalidad, la actuación de la policía se ajusta a derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la necesidad de implementar medidas especiales de protección ante situaciones de vulnerabilidad estructural, como la que enfrentan las mujeres en el transporte público. El criterio para acceder a estos espacios debe ser objetivo y verificable, no basado en la autopercepción.

Sancionar a la oficial por cumplir con la normativa vigente sentaría un precedente peligroso, generando inseguridad jurídica y debilitando una medida de protección esencial para las mujeres. El principio de legalidad obliga a las autoridades a actuar conforme a las disposiciones establecidas, y modificar criterios de aplicación sin un sustento normativo claro vulnera este principio fundamental.

Es preciso recordar que la normativa permite a las mujeres acceder a todos los vagones del metro, mientras que el vagón exclusivo está reservado para mujeres, niñas y personas con discapacidad. Esta distinción es clave para comprender la lógica de la medida: ampliar las opciones para las mujeres sin comprometer su espacio de protección.

Si el gobierno de la Ciudad de México desea brindar apoyo específico a las personas trans, la creación de un vagón exclusivo para este colectivo representaría una solución constructiva e inclusiva, sin afectar las protecciones ya existentes para las mujeres. Esta propuesta permitiría avanzar en la inclusión sin desproteger a un grupo vulnerable. Señor Ruvalcaba, la verdadera inclusión suma, no resta.

Sancionar a la oficial sería una injusticia y una grave violación al Estado de Derecho. Ceder a la presión mediática y a las tendencias en redes sociales, en detrimento de los principios jurídicos, sentaría un precedente preocupante. Un funcionario público debe basar sus decisiones en la ley, no en la opinión pública volátil.

Como mujer y jurista, defiendo la legitimidad de los vagones exclusivos para mujeres. No se trata de discriminación, sino de una medida de acción afirmativa constitucionalmente válida, que busca proteger a las mujeres en un espacio donde son particularmente vulnerables. La verdadera inclusión debe construirse sobre bases jurídicas sólidas, reconociendo la diversidad sin sacrificar los derechos conquistados.

El desafío radica en encontrar soluciones que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas, manteniendo la coherencia del sistema jurídico y la efectividad de las medidas de protección. La creación de alternativas inclusivas, como un vagón para personas trans, representa una vía viable y constructiva, que armoniza el principio de no discriminación con la necesidad de preservar espacios seguros para las mujeres. Es necesario apostar por el diálogo y la construcción de soluciones que beneficien a todos, en lugar de ceder a la polarización y la confrontación. La seguridad y la dignidad de las mujeres en el transporte público no deben ser negociables.