La creación de esta Comisión para la reforma constitucional electoral abre un capítulo crucial en la historia democrática de México. Las reglas del juego electoral, la base sobre la cual se erige nuestra participación ciudadana, están bajo la lupa y la promesa de una consulta nacional genera tanto expectativas como inquietudes. ¿Será este el momento para una transformación profunda y consensuada o veremos repetirse los desencuentros del pasado?

El antecedente de los planes A, B y C del presidente López Obrador nos da una idea del terreno que pisamos. El Plan A, con su propuesta de centralización y elección popular de consejeros, despertó fuertes resistencias. Muchos vieron en él un intento de controlar el árbitro electoral, una amenaza a la imparcialidad que debe caracterizar a un organismo de tal importancia. La búsqueda de la eficiencia y la reducción de costos, argumentos esgrimidos en su momento, no lograron convencer a una parte importante de la sociedad y la clase política.

El Plan B, con su enfoque en la austeridad y la "erradicación de fraudes", fue percibido por otros como un ataque directo al INE, un desmantelamiento disfrazado que ponía en riesgo la capacidad operativa del instituto para organizar elecciones libres y justas. La intervención de la Suprema Corte, declarando la inconstitucionalidad de la reforma, dejó en evidencia las tensiones y la fragilidad del proceso. La pregunta que queda en el aire es si estas experiencias serán tomadas en cuenta en la nueva propuesta.

El Plan C, la apuesta por una mayoría legislativa que permitiera la reforma sin necesidad de consensos, se concretó con el resultado de las elecciones de 2024. Ahora, con el poder en sus manos, Morena y sus aliados tienen la responsabilidad de actuar con prudencia y buscar el diálogo. Una reforma impuesta, sin el respaldo de un amplio sector de la sociedad, corre el riesgo de ser percibida como ilegítima y generar mayor polarización.

La complejidad de la regulación electoral actual es innegable. Se requiere una actualización que contemple los retos del siglo XXI, la evolución tecnológica y las nuevas formas de participación ciudadana. Pero más allá de las modificaciones técnicas, lo fundamental es garantizar la transparencia, la imparcialidad y la confianza en el sistema.

La promesa de un proceso deliberativo incluyente es alentadora. Es esencial que las voces de todos los sectores sean escuchadas, que se genere un verdadero debate nacional y que la reforma resultante sea producto del consenso y no de la imposición. El futuro de nuestra democracia depende de ello. La historia nos ha enseñado que las reformas unilaterales, aquellas que no toman en cuenta la pluralidad de visiones, terminan debilitando las instituciones y generando mayor inestabilidad.

En las próximas semanas estaremos atentos a las líneas que seguirá la Comisión. Esperamos que la ambición de la reforma no se traduzca en un intento de controlar el proceso electoral, sino en una genuina búsqueda de fortalecer la democracia mexicana. El reto es enorme y la responsabilidad histórica de quienes encabezan este proceso es aún mayor. El país entero estará observando.