La administración Trump, con su peculiar estilo, ha materializado varias promesas de campaña, destacando su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el método empleado resulta especialmente intrigante: un sistema judicial y de inteligencia con un alcance geopolítico que impacta directamente a México, trascendiendo las fronteras estadounidenses.

Estados Unidos posee una compleja maquinaria de inteligencia, con redes internas y externas. Durante décadas, ha infiltrado gobiernos, mapeado estructuras criminales y expuesto las vulnerabilidades de sus vecinos. "Cien años de espías y drogas" de Carlos A. Pérez ilustra la penetración de la DEA en México: estableciendo conexiones, documentando la corrupción en las altas esferas y reportando a Washington, el centro de toma de decisiones. La información se convierte en una herramienta de poder, dictando las condiciones de negociación.

Las potencias mundiales comprenden que la infiltración internacional es crucial para entender, neutralizar o manipular al adversario. México, en contraste, abandonó esta estrategia. En lugar de desarrollar inteligencia exterior, nos enfocamos en una inteligencia interna utilizada para vigilar, extorsionar y amenazar a la oposición, en detrimento de los intereses nacionales. La Dirección Federal de Seguridad ejemplifica este aparato de recopilación de datos al servicio del régimen, carente de proyección internacional.

Esta omisión nos coloca en desventaja en las negociaciones. Estados Unidos llega a la mesa con información exhaustiva, mientras México se enfrenta a la incertidumbre. El diálogo se transforma en un monólogo. Las acciones de Washington contra los cárteles mexicanos, en realidad, legalizan información preexistente sobre nuestros funcionarios. Es ingenuo creer en su altruismo: la cancelación de visas, el congelamiento de cuentas y las extradiciones bajo el pretexto de "colaboración en seguridad nacional" son instrumentos de presión diplomática que nos arrinconan.

Mientras Estados Unidos instrumentaliza su sistema judicial para su política exterior, los verdaderos beneficiarios no son las sociedades afectadas por la violencia, sino los propios narcotraficantes. A cambio de testimonios, a menudo frágiles o inverificables, obtienen reducciones de condena o incluso protección estatal. El objetivo no es combatir el crimen, sino utilizarlo como palanca política contra México.

El contraste es doloroso. Mientras ellos infiltran, investigan y actúan estratégicamente en nuestro territorio, México se concentra en el control interno: hackeando opositores, fabricando expedientes y silenciando voces disidentes. Los únicos ganadores son algunos funcionarios que, años después, comparecen ante tribunales estadounidenses. El país, en tanto, se sume en la inseguridad, la violencia y la desigualdad.

Si bien instituciones como la Secretaría de Marina y algunas áreas de la Secretaría de Gobernación intentan obtener información externa, estos esfuerzos son aislados y desarticulados, lejos de la estructura de las grandes potencias. La razón es evidente: desvío de recursos, corrupción institucionalizada y una visión miope que nos margina del tablero de la inteligencia internacional.

México se percibe abandonado, atrapado en una política reactiva y sumisa. Sin un verdadero sistema de inteligencia exterior, seguiremos siendo el país que escucha, nunca el que dicta.

La Suprema Corte ha declarado inconstitucionales los aseguramientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin orden extranjera. ¿Por qué, entonces, persisten los bloqueos de cuentas? La respuesta parece obvia: se trata de un mecanismo de presión política. Una UIF "fortalecida", con mayor presupuesto y líneas de ataque al servicio de un "súper secretario", se convierte en una herramienta de coerción. Y contra eso, no hay amparo que valga.