El impacto de la política laboral implementada durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue generando debate. Más allá de las cifras, que hablan de una disminución significativa de la pobreza, es importante analizar el conjunto de estrategias que se articularon para lograr este resultado. El aumento al salario mínimo, sin duda, fue un factor determinante. Ver cómo el salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios a 248.93 pesos, un aumento nominal cercano al 180%, y en términos reales, ajustada por inflación, una recuperación del 116%, representa un cambio sustancial en el poder adquisitivo de millones de mexicanos. Y aún más impactante es el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo se catapultó de 88.36 pesos a más de 374.89 pesos en 2024, un aumento nominal superior al 320%. Este incremento, que comenzó con un aumento inicial del 100%, refleja una atención especial a esta región y a sus necesidades particulares.

Pero el aumento al salario mínimo no fue una medida aislada. Se acompañó de una serie de reformas que buscaron fortalecer el mercado laboral y proteger los derechos de los trabajadores. La reforma a la legislación laboral secundaria, con la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Centros de Conciliación y juzgados laborales, la legitimación de los Contratos Colectivos a través del voto de los trabajadores y la elección de las dirigencias sindicales por voto directo, libre y secreto, son ejemplos concretos de esta transformación. Estas medidas no solo modernizaron el sistema laboral, sino que también empoderaron a los trabajadores, dándoles mayor control sobre sus condiciones de trabajo y representación sindical.

Otro aspecto crucial fue la eliminación de la subcontratación laboral (outsourcing) como régimen general. Aunque se mantuvo para algunas ramas específicas, la incorporación de millones de trabajadores a las nóminas de sus empleadores reales tuvo un impacto significativo. No solo se formalizó su situación laboral, con la consecuente incorporación al IMSS y el acceso a sus beneficios, sino que también se les garantizó el cobro del reparto de utilidades, cuyo volumen global se duplicó, gracias también a una mayor inspección laboral. Estas medidas contribuyeron a una mayor justicia laboral y a una distribución más equitativa de la riqueza.

Además de estas reformas generales, se implementaron acciones específicas en sectores clave como la educación y la salud. La basificación de casi un millón de maestros, el aumento salarial acumulado del 84% para el magisterio entre 2018 y 2024, la eliminación de la evaluación punitiva y el restablecimiento de la permanencia en el empleo, son medidas que transformaron las condiciones laborales de los docentes, reconociendo su importante labor en la formación de las nuevas generaciones. De igual forma, el aumento salarial y la basificación para los trabajadores de la salud que se incorporaron al IMSS-Bienestar representaron un avance significativo en la dignificación de este sector esencial.

Finalmente, el impulso al crecimiento del empleo a través de la obra pública y la inversión extranjera contribuyó a la disminución del desempleo, posicionando a México como el segundo país de la OCDE con menor tasa de desocupación. Si bien los programas sociales también jugaron un papel importante en la reducción de la pobreza, es innegable que la política laboral fue la pieza clave de esta transformación. El enfoque integral, que combinó el aumento al salario mínimo con reformas estructurales, acciones sectoriales y el fomento al empleo, sentó las bases para un crecimiento más inclusivo y justo. El debate continúa, pero los resultados son palpables.