La soberanía, ese concepto escurridizo que ha fascinado y atormentado a filósofos durante siglos, se encuentra hoy más que nunca en una encrucijada. Desde Rousseau, la hemos entendido como el poder absoluto del cuerpo político, guiado por la voluntad general. Sin embargo, la realidad del siglo XXI, con sus flujos financieros globales, la omnipresencia de internet y la interconexión de las culturas, ha resquebrajado los cimientos de esta noción tradicional. ¿Podemos seguir hablando de soberanía en un mundo tan interdependiente?

La proliferación del crimen organizado transnacional, que ignora fronteras y desafía la autoridad de los Estados, es un claro ejemplo de cómo la realidad perfora el concepto de soberanía. Ante este panorama, no basta con repensar la soberanía; debemos ir más allá y construir un marco normativo internacional que la proteja, un marco fundado en la dignidad inherente a cada ser humano y en su intrínseca dimensión relacional. La soberanía, en este contexto, no puede entenderse como un dogma intocable, sino como un valor que debe ser salvaguardado mediante un ordenamiento jurídico internacional robusto, centrado en el bien común global y en el respeto universal de los derechos humanos.

Resulta paradójico, por no decir contradictorio, que algunos Estados defiendan una postura “soberanista” a ultranza mientras se arrogan el derecho de intervenir militarmente en otros países en nombre de su propia seguridad. Esta actitud no sólo socava la soberanía del Estado intervenido, sino que también debilita el sistema internacional en su conjunto. La verdadera soberanía se fortalece a través del respeto mutuo, la cooperación multilateral y el fortalecimiento de un “derecho de gentes” que proteja los bienes humanos básicos, tanto a nivel nacional como internacional.

Un “derecho de gentes” débil, un Derecho Internacional sin capacidad coercitiva para casos límite, y una cultura reticente a los acuerdos multilaterales, son factores que ponen en riesgo la soberanía de todas las naciones. En este vacío, la “ley del más fuerte” se impone, sustituyendo al Derecho, a la justicia y al respeto mutuo entre las personas y los Estados. Nos encontramos en una encrucijada histórica donde debemos elegir entre el camino de la cooperación y el multilateralismo o el de la confrontación y el unilateralismo.

El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, nos ofrece una guía invaluable para navegar estas aguas turbulentas. Nos insta a mantener los acuerdos suscritos (pacta sunt servanda), a rechazar la tentación de apelar al derecho de la fuerza y a fortalecer los instrumentos normativos para la resolución pacífica de controversias. En este sentido, los acuerdos multilaterales entre Estados son esenciales, ya que garantizan la protección del bien común universal y la defensa de los Estados más vulnerables.

La soberanía, en definitiva, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el bien común y la justicia. En un mundo interconectado, la defensa de la soberanía exige un compromiso con el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la promoción de una cultura de paz y cooperación. El futuro de la humanidad depende, en gran medida, de nuestra capacidad para construir un orden internacional basado en la solidaridad, la justicia y el respeto a la dignidad de todas las personas.