La controversia en torno a la elección de magistrados y jueces federales alcanza un nuevo capítulo. Tras un revés propinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) se ve obligado a entregar las constancias de mayoría a 33 candidatos inicialmente descartados por no cumplir con los promedios mínimos requeridos. Esta decisión, que ha generado un fuerte debate en el seno del INE, pone de manifiesto las lagunas y ambigüedades presentes en el marco normativo que rige las elecciones judiciales.

La corrección impuesta por el TEPJF invalida los acuerdos previos del INE, que habían declarado inelegibles a 19 aspirantes a magistraturas y 14 a jueces. La razón esgrimida por el Tribunal es la supuesta falta de facultades del INE para revisar los requisitos de elegibilidad, un argumento que ha sido recibido con escepticismo por algunos consejeros electorales. Carla Humphrey, por ejemplo, ha criticado abiertamente la incongruencia de las sentencias del TEPJF y la falta de claridad en la normativa. Por su parte, Martín Faz ha señalado la discordancia en las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF respecto al requisito del promedio, cuestionando la consistencia de los criterios aplicados.

Entre los beneficiados por esta decisión se encuentran figuras como Sheila Tadeith Díaz Colina, quien ocupará una magistratura en San Luis Potosí, y Jorge Medina Sarabia, designado para un puesto similar en Sinaloa. En la Ciudad de México, un grupo de magistrados, entre los que se destacan Maria Valdes Leal, Diego Gatica Noriega y José Francisco Nieto Alcalá, también recibirán sus constancias. La lista continúa con nombres como Edgar Iván Asencio y Landy Giselle Brito en Jalisco, Luis Carlos Maldonado en Nuevo León y Xitlali Gómez Terán en el Estado de México, conformando un mosaico de nombramientos que abarcan diversas jurisdicciones del país.

El alcance de la corrección del TEPJF se extiende también al ámbito de las judicaturas. Jueces electos en Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, verán finalmente reconocida su victoria electoral. Nombres como Genaro García Carrasco, Benjamín Rodríguez Cuéllar, Selene Campos, Carlos Arellano, José Antonio Ruiz, María de Fátima Ramírez, José Báez y Edgar Domínguez, entre otros, se suman a la lista de aquellos que, tras la incertidumbre inicial, podrán asumir sus cargos.

En paralelo a esta polémica, el INE ha reafirmado el triunfo de otros candidatos que sí cumplieron con los requisitos de elegibilidad. Este grupo, integrado por Catalina Álvarez Ramales, Ana Yadira Alarcón Márquez, Ximena Jiménez García y otras figuras, representa la otra cara de la moneda: candidatos que, ajenos a la controversia, han visto su proceso de selección validado sin mayores contratiempos.

Esta situación plantea interrogantes cruciales sobre la transparencia y la eficiencia del sistema de elección judicial. ¿Son suficientes los mecanismos actuales para garantizar la idoneidad de los candidatos? ¿Es necesario revisar el marco normativo para evitar futuras controversias? El debate está abierto, y la resolución de estas cuestiones resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.